La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de tres guatemaltecos detenidos arbitrariamente en El Salvador. Se trata de Álvaro Agustín Mejía, Juan del Cid Morales y Erik Donaire Constanza Bran.
La petición fue recibida por la CIDH en octubre de 2008 y expone hechos ocurridos en septiembre de 2006. Según el informe, los tres ciudadanos viajaron a San Salvador para una reunión y fueron interceptados por unos 30 agentes de la Policía Nacional.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) September 26, 2025
Detención y traslado a EE. UU.
De acuerdo con la Comisión, los policías detuvieron a los guatemaltecos sin orden judicial ni explicación. Luego los trasladaron a un estacionamiento, donde un agente de la DEA daba instrucciones, y más tarde los llevaron en vehículos sin identificación hasta un aeropuerto con apariencia de base militar.
A las víctimas las subieron a un avión de la DEA con destino a Fort Lauderdale, Florida. Durante el trayecto recibieron amenazas, malos tratos y no pudieron comunicarse con sus familias ni con la Embajada de Guatemala.
Documentos de la Corte del Distrito de Columbia confirmaron que la operación la coordinaron entre la DEA y la Policía salvadoreña. Según esos registros, el traslado se enmarcó en el tratado de extradición entre ambos países.
Irregularidades señaladas por la CIDH
La CIDH observó que el procedimiento no siguió un proceso de extradición legal. Las víctimas no contaron con una decisión judicial motivada ni con un proceso con garantías mínimas. Tampoco tuvieron la oportunidad de ejercer su defensa o de apelar la medida.
El organismo recordó que el Estado salvadoreño negó tener registros oficiales de la detención. Además, la denuncia presentada en 2006 por Silvia Marina Juárez de Del Cid nunca recibió respuesta.
La CIDH concluyó que El Salvador violó los derechos de las víctimas a la libertad personal, garantías judiciales, libertad de circulación y protección judicial.
Reparación solicitada
La Comisión pidió a la Corte IDH que el Estado salvadoreño repare integralmente a las víctimas. Solicitó medidas de compensación económica, atención en salud física y mental, y mecanismos de satisfacción. También instó a implementar acciones de rehabilitación acordadas con las víctimas y sus familias.
