El Índice de Denuncias de Delitos -IDD-, que detalla información sobre la situación de la seguridad en el país -homicidios-, junto con el tema del mes “Justicia Constitucional en el Triángulo Norte”, fue presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN- y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA-.
El investigador del CIEN, Walter Menchú, manifestó que el IDD monitorea las denuncias de nueve diferentes delitos: homicidios, secuestros, violaciones, lesiones, extorsiones, robo de vehículos, motocicletas, viviendas y furgones con mercadería.
Lee también: Guatemala limita el ingreso de viajeros de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica
“Este informe se presenta mes a mes para analizar la seguridad ciudadana en el corto, mediano y largo plazo”, dijo Menchú. Entre ellos los homicidios.
El informe señala que en abril del presente año se registraron 205 homicidios, lo que significa una reducción con relación al mes anterior donde se reportaron 21. Aunque en los primeros cuatro meses del año se contabilizó 10 por ciento más homicidios que en el mismo período de 2020. Principalmente debido al aumento que se observó en el primer mes del año.
Municipios donde hay más homicidios
“La tasa interanual de homicidios aumentó levemente de 15.2 a 15.6 por cada 100 mil habitantes entre enero y abril”, dijo Menchú. Sin embargo, los municipios de Villa Nueva, Mixco, Tiquisate, Guatemala, Palín, Fraijanes, Amatitlán y Quetzaltenango resaltan por el incremento en homicidios. Mientras que Jalapa muestra una diferencia de 19 homicidios menos de enero-abril, comparando en el mismo período.
Por aparte, se contabilizaron nuevamente mil 166 denuncias por extorsión. En la ciudad capital los homicidios en abril -31- se mantuvieron aún lejos del pico experimentado en enero -52-. Pero debe desarrollarse un abordaje para reducirlos, pues toda vida es valiosa, explican en un comunicado.
Francisco Quezada, investigador del CIEN, señaló que el control del ejercicio del poder público, se basa en dos tipos; por una parte, el control político, que no se encuentra en un órgano específico del Estado, pero radica en ellos. Sobre el principio de la separación de poderes” y continuó “mientras que por otra parte, está el control judicial, que provee de potestad a los tribunales para tutelar y mantener la supremacía de la Constitución.
“Entonces, puede observarse que los países Latinoamericanos siguieron diferentes modelos. Escogiendo tribunales constitucionales concentrados Perú -1979-, Chile -1980-, Guatemala -1985-, Colombia -1991- y Bolivia -1994-. Mientras que otros diseñaron salas constitucionales en la Corte Suprema de Justicia, como El Salvador -1982-, Costa Rica -1989-, Paraguay -1992-, Nicaragua -1995-, México -1994- y Honduras -2001-”, explicó Quezada.
El investigador comentó que al comparar entre los países del Triángulo Norte, pueden observarse pocas similitudes. Como el hecho que todos contemplan cinco titulares en sus órganos constitucionales y la posibilidad de reelección.
Da inicio a la presentación de tema del mes @FJQuezadaS, sobre Justicia Constitucional en el Triángulo Norte. Puede seguir este hilo:#SeguridadGT pic.twitter.com/fHIHVERBRk
— CIEN (@CIENgt) May 26, 2021
