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Ivan Velásquez habla sobre la importancia del fortalecimiento del Sistema de Justicia #CICIG

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Por invitación de la directora general del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Nydia Arévalo de Corzantes, el Comisionado Iván Velásquez Gómez visitó las instalaciones en donde compartió con abogados y personal administrativo de esa institución algunas reflexiones sobre la necesidad del fortalecimiento del sistema de justicia en el país.

La directora Arévalo de Corzantes dio la bienvenida al Comisionado y expuso las funciones del IDPP, la situación económica y de recursos humanos que atraviesa la institución a su cargo, la cual tiene entre sus principales atribuciones la defensa de personas que no poseen los recursos para pagar a un abogado particular.

En su intervención el Comisionado resaltó que era indispensable que se incrementara el presupuesto del IDPP para cubrir la defensa pública en el territorio nacional. “Mientras más actividad del Ministerio Público, naturalmente debe haber más necesidad de defensores públicos, pero también del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y del Organismo Judicial”.

Por esta situación, el Comisionado señaló que se está trabajando en un plan de fortalecimiento para que se doten de recursos a las instituciones de justicia, lo cual repercutirá en el desarrollo de sus capacidades técnicas. Agregó que lo ideal era que la cobertura del Ministerio Público se extendiera a todos los municipios, pero si no era posible al menos que se iniciara un proceso de ampliación gradual de acuerdo a las necesidades y los índices de criminalidad que se registran en los diferentes municipios.

Explicó que este proyecto lo impulsaría en conjunto con el Presidente de la República y con los jefes de cada una de las instituciones de justicia. “Este plan lo desarrollaremos con unos indicadores que puedan mostrar de qué manera se va fortaleciendo el sistema de justicia”.

Reiteró su compromiso de apoyar a dichas instituciones para que en el futuro la presencia de la CICIG no sea necesaria en el país. “La CICIG no es un órgano de sustitución de las autoridades nacionales, la CICIG tiene un papel complementario con el Ministerio Público en la actividad de investigación criminal, pero su propósito también es colaborar, contribuir, apoyar a las instituciones de justicia en el país para que adquieran una capacidad para fortalecerse, lo cual conllevará al fortalecimiento de un Estado democrático de Derecho”, enfatizó.

El jefe de la CICIG también hizo un llamado a los defensores públicos para que se unieran al Diálogo Nacional con el fin de contribuir con sus propuestas, y de esta manera se pueda mejorar y modernizar la administración del sistema de justicia guatemalteca.
“Pensar por ejemplo, si sería adecuado hablar de un Consejo de Administración judicial o un Consejo Superior de la Judicatura, como se conoce en muchos países, pero deber ser un órgano independiente de la Corte Suprema de Justicia o Corte de la Constitucionalidad; un Consejo que garantice la independencia del Poder Judicial, encargado de todas las funciones administrativas para que los jueces se encarguen de administrar justicia”, manifestó.

Antejuicio

En la conferencia de prensa, el Comisionado se refirió a la propuesta de retirar el derecho de antejuicio a los alcaldes y otros funcionarios, la cual deberá ser discutida en las mesas de trabajo del Diálogo Nacional. Afirmó que en otros países latinoamericanos no existe la figura del antejuicio y no están presos sus alcaldes, diputados u otros funcionarios, y lo que se busca con esta propuesta es transparentar la administración pública.

“Lo importante del tema de antejuicio es determinar si la regulación actual o la concepción que se tiene del antejuicio contribuye a la impunidad o es exclusivamente una garantía de la función como se concibe teóricamente”, afirmó.

Vía: CICIG

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Internacional

Gobierno da 72 horas para dejar el país a investigadores de la CICIG

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Foto: Prensa Libre

Guatemala -. Las autoridades de Migración guatemaltecas avisaron hoy a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que 11 de sus investigadores y litigantes tienen 72 horas para salir del país, informó el portavoz de ese ente de Naciones Unidas, Matías Ponce.

Se trata de personal de la Cicig cuyos visados no fueron renovados en octubre pasado y que “son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala”, precisó este martes Ponce.

El portavoz explicó a la prensa que funcionarios de Migración dejaron una nota en la sede de Cicig que señala que los funcionarios a los que no se les renueva la visa de cortesía se les quita la acreditación diplomática y la inmunidad, y que tienen 72 horas para hacer abandono del país.

Entre los investigadores figura Luis Fernando Orozco, quien tras 10 años en la Cicig llevaba la trama de corrupción “La Línea”, por la que están procesados y en prisión, entre otros, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, de acuerdo con la información disponible.

El Ministerio de Exteriores guatemalteco publicó este martes en el Diario de Centroamérica (oficial) que el personal de la Cicig había sido informado el lunes de que sus acreditaciones quedaron sin efecto y debían devolverlas, a raíz de la no renovación del visado de cortesía.

Pero, según Ponce, hoy ha sido cuando los funcionarios de Migración llegaron a la sede de la Comisión a notificar la medida.

El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, había interpuesto un amparo el pasado 18 de octubre en contra de la medida de no renovación de visas de los once, quienes debían haber obtenido sus documentos desde septiembre, lo que fue considerado como “injustificable” por el ombudsman.

La propia Comisión informó el pasado 16 de octubre de que el Gobierno del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, no renovó la visa a sus 11 investigadores, y entonces expresó que lamentaba esa decisión y que estudiaría “las acciones a seguir con el objeto de preservar el cumplimiento del Acuerdo de creación de la Cicig firmado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”.

El presidente Morales anunció el pasado 31 de agosto que no renovaría el mandato del organismo de las Naciones Unidas, que vence en septiembre de 2019, por entender que se ha convertido en una especie de estructura paralela similar a las que tiene que combatir en el país.

Días después desconoció al jurista colombiano Iván Velásquez como su comisionado y aprovechando que se encontraba en una gira de trabajo en Washington le prohibió el reingreso en Guatemala aunque la ONU aseguró que seguía en el cargo. EFE

Vía EFE

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Nacional

Suspenden juicio del ex alcalde Jorge Rizzo

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Para este lunes se tenía previsto dar inicio al juicio en contra del ex alcalde del puerto de San José, Jorge Rizzo, a quién se le señala de estar implicado en el “caso Kerkaporta” en el que supuestamente éste habría lavado dinero procedente de actividades ilícitas derivadas de actos de narcotráfico según lo que refiere la acusación del ministerio público.

Sin embargo el debate no se pudo desarrollar ya que Rizzo no fue trasladado a la sala de audiencia respectiva por causas que hasta el momento se desconocen. Ante esto las juzgadoras del tribunal de mayor riesgo B quienes tendrán a su cargo el juicio decidieron suspender el inicio del debate y de esta manera trasladarlo para él 3 de enero del próximo año.

A Rizzo se le señala de los delitos de peculado, lavado de dinero y abuso de autoridad. Dentro de este caso y ha sido condenada a su esposa y sus cuñados por el delito de lavado de dinero mientras que dos ex diputados se encuentran vinculados al proceso por supuestamente falsificar documentos que habrían beneficiado al ex alcalde en los actos anómalos que le imputa la fiscalía.

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Piden ligar a proceso a empreario Raúl Osoy

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Foto. elPeriódico

Luego de presentar sus argumentos de sobre los posibles delitos que el empresario Raúl Osoy pudo haber cometido, el Ministerio Público ha solicitado al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que lo ligue a proceso por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.

Según la imputación del Ministerio Público, Osoy pudo haber lavado activos de los fondos recibido ilícitamente por la concesión de Puerto Quetzal a la empresa Transportes de Contenedores Quetzal -TCQ-.

Se espera que este martes continúe la audiencia en la que la defensa deberá exponer sus argumentos antes de que el juzgador emita una resolución al respecto.

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