Representantes de 24 comunidades indígenas del norte de Guatemala exigieron este martes a las autoridades cancelar de forma definitiva la hidroeléctrica Santa Rita, ubicada en el río Dolores, Cobán, Alta Verapaz. Los líderes denunciaron que el proyecto ha generado persecución y criminalización contra campesinos que se opusieron a su instalación sin consulta previa.
Angelina Maas, líder comunitaria, relató que su hijo murió en 2014 durante una protesta contra la hidroeléctrica. “Este proyecto destruyó mi vida, asesinaron a mi hijo mientras luchábamos para que no ingresaran a nuestro territorio”, expresó. La comunidad aún espera justicia por este crimen, que sigue impune.
Comunidades presentan solicitud formal para cancelar la licencia
Un grupo de diez representantes viajó a la Ciudad de Guatemala para entregar un memorial al Ministerio de Energía y Minas, exigiendo la revocación definitiva de la licencia de la hidroeléctrica.
El Banco Mundial financió este proyecto a través de un fondo de infraestructura. Sin embargo, en 2016, la empresa fue denunciada internacionalmente por iniciar la construcción sin cumplir con la consulta comunitaria establecida en el Convenio 169 de la OIT.
El líder comunitario Mario Acabal aseguró que, entre 2009 y 2025, la empresa emprendió procesos judiciales contra 20 campesinos. Uno de ellos pasó 15 meses en prisión en 2016.
Denuncian violencia en desalojos de comunidades
En 2014, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) verificó la muerte de tres personas durante un desalojo en la comunidad Samacoch, donde la empresa intentó instalarse.
A pesar de la resistencia, la hidroeléctrica nunca inició operaciones y permanece suspendida. Sin embargo, las comunidades exigen su cancelación definitiva para evitar que la empresa retome el proyecto en el futuro.
La hidroeléctrica Santa Rita se ubica en el río Dolores, en Alta Verapaz, una región con abundantes lluvias donde ya operan tres represas importantes. [Foto de portada: humanrights.org]
