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Concluyen imputaciones contra sindicados en Caso Cooptación del Estado de Guatemala

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En el cuarto día de la audiencia de primera declaración, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, con apoyo de la CICIG, concluyó las imputaciones contra los sindicados en el caso “cooptación del Estado de Guatemala”, entre los que se encuentran los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, así como financistas y contratistas del Estado.

En las jornadas del tercero y cuarto día se dio lectura a la participación y delitos de cada una de las personas señaladas en este proceso penal dentro de los grupos de la estructura criminal que operaron como “lavadores, equipo, financistas y contratistas”:

“Lavadores”

Otto Pérez Molina: Como Presidente de la República, de enero 2012 a abril 2015, lideró la estructura criminal que desde su campaña política captó fondos provenientes de un grupo de  contratistas del Estado a cambio de continuar adjudicándoles contratos al llegar a la Presidencia. En ese período recibió, junto con la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, la suma de Q290 millones por comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de 70 contratos en diversas instituciones del Estado. Ese dinero fue utilizado para compra de bienes y servicios de Pérez Molina y Baldetti, como compra de fincas, oficinas, bodegas, apartamentos y vehículos de lujo. De 2012 al 2014 recibió varios regalos lujosos por parte de sus exministros de confianza por un monto de Q33 millones, entre los que se encuentra un helicóptero, una casa de playa y una lancha. Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 

Ingrid Roxana Baldetti Elías: Captó y administró Q9.5 millones de fondos para la campaña del Partido Patriota (PP) que provenían de un grupo de contratistas del Estado. Como Vicepresidenta de la República, entre enero de 2012 a abril de 2015 recibió junto con Pérez Molina la suma de Q290 millones por comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de 70 contratos por diversos servicios para el Estado. Creó y administró una serie de empresas ficticias para mover el dinero producto de las transacciones ilícitas y darle una apariencia de legalidad. Erogó millonarias sumas de dinero en lujosos gastos personales como ropa, zapatos y estética. Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho pasivo lavado de dinero, enriquecimiento ilícito.

Hector Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación. Colaboró con US$98 mil para regalos de lujo al expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Baldetti Elías. Según los elementos de investigación se determinó que ese dinero tiene procedencia ilícita, y no refleja su perfil económico. Ese dinero fue entregado en efectivo en su despacho al secretario privado de la exvicepresidenta, Juan Carlos Monzón. Delitos:asociación iícita, cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero.

Ulises Noé Anzueto Girón, exministro de la Defensa Nacional (2012). Colaboró con Q250 mil para comprar regalos de lujo a la pareja expresidencial.Según los elementos de investigación se determinó que ese dinero tiene procedencia ilícita, y no refleja su perfil económico. Ese dinero fue entregado en efectivo a Juan Carlos Monzón. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Manuel López Ambrosio, exministro de la Defensa Nacional (2013-2014): Colaboró con Q4.2 millones para los regalos de lujo destinados a la pareja expresidencial. Según los elementos de investigación se determinó que ese dinero tiene procedencia ilícita, y no refleja su perfil económico. Las entregas del dinero se realizaron a través de Baldetti y Monzón. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Juan de Dios Rodríguez López, expresidente del IGSS. Entre el 2012 al 2014 aportó Q4.4 millones para comprar regalos de lujo a los exgobernantes. Las entregas del dinero se realizaron a través de Baldetti y Monzón. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Daniel Pellecer Siliézer, expiloto del PP: Reclutó a personas para aparentar ser representantes legales de varias sociedades que fueron utilizadas para movilizar el dinero producto de transacciones ilícitas y darle apariencia de legalidad. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero

Daniel Estuardo Calderón: Colaboró con Juan Carlos Monzón para recolectar el pago de comisiones para los integrantes de la estructura criminal. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Juan Abner Fonseca Galicia, exgerente de Banrural: Administró Q20 millones de las empresas creadas para movilizar el dinero producto de transacciones ilícitas y darle apariencia de legalidad. También ayudó, ocultó dinero y compró acciones del diario Siglo 21. Delitos: lavado de dinero y cohecho pasivo.

Edín Raymundo Barrientos, ex accionista de diario Siglo 21: Vendió acciones a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, por la suma de Q30 millones. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Adolfo Peña Pérez, expresidente de Banrural: Entre 2013 y 2015 administró Q20 millones de la exvicepresidenta Baldetti, producto de comisiones de transacciones ilícitas. También entregó Q30 mil para la campaña del PP. Delitos: asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

Judith Del Rosario Ruiz Lau, exsecretaria de Roxana Baldetti: Captó fondos de transacciones ilícitas provenientes de contratistas del Estado que fueron utilizados para la compra de bienes y servicios y gastos personales de Baldetti y Pérez Molina. Además reclutó a personas para fingir ser representantes legales de las empresas utilizadas para las transacciones ilegales de la estructura liderada por los exgobernantes, de quienes administró Q200 millones, entre el 2009 y 2015. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Izmenia Beatriz del Val Herrera: Proporcionó información falsa para la compra de un inmueble. Delito: falsedad ideológica.

Daniela Beltranena Campbell, exdiputada y asistente de Roxana Baldetti: Fungió en la estructura como operadora de los aeropuertos. Administró fondos para la campaña y gastos personales de Baldetti Elías y Pérez Molina. Cobró comisiones producto de contratos negociados por los exgobernantes. Recibió dinero en efectivo para pagar bienes y servicios y adquisición de naves y aeronaves para el exmandatario y la exvicepresidenta, de quienes les administró US$7 millones Delitos: asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho activo y cohecho pasivo.

Jonathan Hary Chévez: Administró Q25 millones a través de un grupo de empresas para darle apariencia de legalidad al movimiento del dinero, el cual fue utilizado con el fin de comprar bienes y servicios para Baldetti y Pérez Molina. Delito: asociación ilícita y lavado de dinero.

Julio César Aldana, exjefe de créditos de Banrural: Entre el 2013 y 2015 administró Q30 millones que eran producto de transacciones ilícitas de los exgobernantes. Delitos: asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo.

Samuel Aceituno Juárez: Administró Q25 millones para los negocios de Baldetti Elías. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Mario Rodolfo Contreras: Administró e invirtió Q200 millones a través de un grupo de empresas ficticias creadas para dar apariencia de legalidad al movimiento del dinero. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Mario Cano: Reclutó a supuestos representantes legales para empresas ficticias creadas para dar apariencia de legalidad al movimiento del dinero producto de transacciones ilícitas de Baldetti Elías, a quien también le ocultó dinero. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Luis Fernando Montiel Dávila: Colaboró para adquirir bienes de Pérez Molina y para dar apariencia de legalidad al dinero producto de ganancias ilícitas. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Francisco Rafael Gutiérrez: Colaboró con la estructura criminal en diversas actividades para dar apariencia de legalidad al dinero producto de transacciones ilícitas de los exgobernantes. Delitos: asociación ilícita y lavado de dinero.

Daniel Estuardo Calderón Angel: Colaborócon el cobro ilegal de una comisión de Q9.4 millones a una empresa de fertilizantes a la cual se le otorgó un contrato para suministrar abono al Estado. Delitos:asociación ilícita y lavado de dinero.

Gustavo Adolfo Martínez Luna, exsecretario de la Presidencia: Participó en la estructura criminal con el cobro de comisiones por la cantidad de Q12 millones, y colaboró con las acciones impulsadas por la organización criminal para mover el dinero y darle apariencia de legalidad. Delitos: cohecho pasivo y lavado de dinero.

Otros “financistas” y “contratistas”

Jack Irving Cohen: aportó para la campaña del PP la suma de Q2.8 millones, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Delito: financiamiento electoral ilícito.

Denis Benjamín González: aportó para la campaña del PP la suma de Q1.4 millones, que no fue reportada al TSE. Delito: financiamiento electoral ilícito.

Flavio Montenegro Castillo, exgerente del Banco G&T Continental: aportó para la campaña del PP la suma de Q1 millón a través de la entidad bancaria. Delito: financiamiento electoral ilícito.

Miguel Ángel Martínez, exsubsecrertario de la SAAS y representante legal de la empresa de seguridad Escorpión, la cual proporcionaba seguridad a la exvicepresidenta Baldetti y a sus familiares. También prestaba este servicio a otras instituciones del Estado, por lo cual esa empresa adquirió contratos por Q75 millones. Delitos: financiamiento ilícito y cohecho activo.

El juez Miguel Ángel Gálvez programó la próxima audiencia para el lunes 20 de junio, en la cual dará la palabra a los sindicados para declarar sobre los hechos que se les imputan.

Antecedentes
Otros 29 sindicados entre “financistas”, “equipo” y “contratistas” del Estado fueron imputados por la Fiscalía el pasado 14 de junio en el Juzgado de Mayor Riesgo B:

Financistas
A la mayoría de este grupo se le sindicó del delito de financiamiento electoral ilícito:

Boris Orlando Navas Aguilar
Max Roberto Burgos Faillace
Deni Leonel Linares Juárez
Boris Linares
Ana Graciela López Gálvez
Juan Ortiz Álvarez
Julio Alejandro Quinto Tobar
Rudy Geovani Navas
Juan Carlos Salguero Barrientos: cohecho activo.
Álvaro Mayorga Girón: cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.
Alberto Rafael de León Escobar: cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.

Equipo
Dwight Pezzarossi, exministro de Cultura y Deportes: asociación ilícita y cohecho pasivo.
Rudy Leonel Gallardo Rosales, exdirector del RENAP: asociación ilícita y cohecho pasivo. 
Marvin Estuardo Díaz Sagastume, exdiputado: asociación ilícita y cohecho pasivo. 
Edna Maribel Berganza Colindres, exsubsecretaria de la SAAS: asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.
Emilia Guadalupe Ayuso de León, exdirectora del Registro de Información Catastral: asociación ilícita y cohecho activo.
Oscar Ludwin Osorio Ovalle: asociación llícita y cohecho pasivo.
Julián Muñoz Jiménez: asociación ilícita y cohecho pasivo.
Alex Sical Girón Martínez: asociación ilícita y cohecho pasivo.

Contratistas
A este grupo se le sindicó del delito de cohecho activo.
Walter de Jesús López Acevedo 
Karl Cristian Kaeller
Julio René Barrios
Denis Leonardo Lam
Gustavo Alejos Cámbara
Byron Barrera Menéndez
Héctor Solano Morales
Raúl Eduardo Castillo
Juan Carlos Salguero Barrientos
Abner Antonio Rodríguez Vásquez

Vía: CICIG

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Internacional

Gobierno da 72 horas para dejar el país a investigadores de la CICIG

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Foto: Prensa Libre

Guatemala -. Las autoridades de Migración guatemaltecas avisaron hoy a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que 11 de sus investigadores y litigantes tienen 72 horas para salir del país, informó el portavoz de ese ente de Naciones Unidas, Matías Ponce.

Se trata de personal de la Cicig cuyos visados no fueron renovados en octubre pasado y que “son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala”, precisó este martes Ponce.

El portavoz explicó a la prensa que funcionarios de Migración dejaron una nota en la sede de Cicig que señala que los funcionarios a los que no se les renueva la visa de cortesía se les quita la acreditación diplomática y la inmunidad, y que tienen 72 horas para hacer abandono del país.

Entre los investigadores figura Luis Fernando Orozco, quien tras 10 años en la Cicig llevaba la trama de corrupción “La Línea”, por la que están procesados y en prisión, entre otros, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, de acuerdo con la información disponible.

El Ministerio de Exteriores guatemalteco publicó este martes en el Diario de Centroamérica (oficial) que el personal de la Cicig había sido informado el lunes de que sus acreditaciones quedaron sin efecto y debían devolverlas, a raíz de la no renovación del visado de cortesía.

Pero, según Ponce, hoy ha sido cuando los funcionarios de Migración llegaron a la sede de la Comisión a notificar la medida.

El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, había interpuesto un amparo el pasado 18 de octubre en contra de la medida de no renovación de visas de los once, quienes debían haber obtenido sus documentos desde septiembre, lo que fue considerado como “injustificable” por el ombudsman.

La propia Comisión informó el pasado 16 de octubre de que el Gobierno del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, no renovó la visa a sus 11 investigadores, y entonces expresó que lamentaba esa decisión y que estudiaría “las acciones a seguir con el objeto de preservar el cumplimiento del Acuerdo de creación de la Cicig firmado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”.

El presidente Morales anunció el pasado 31 de agosto que no renovaría el mandato del organismo de las Naciones Unidas, que vence en septiembre de 2019, por entender que se ha convertido en una especie de estructura paralela similar a las que tiene que combatir en el país.

Días después desconoció al jurista colombiano Iván Velásquez como su comisionado y aprovechando que se encontraba en una gira de trabajo en Washington le prohibió el reingreso en Guatemala aunque la ONU aseguró que seguía en el cargo. EFE

Vía EFE

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Nacional

Suspenden juicio del ex alcalde Jorge Rizzo

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Para este lunes se tenía previsto dar inicio al juicio en contra del ex alcalde del puerto de San José, Jorge Rizzo, a quién se le señala de estar implicado en el “caso Kerkaporta” en el que supuestamente éste habría lavado dinero procedente de actividades ilícitas derivadas de actos de narcotráfico según lo que refiere la acusación del ministerio público.

Sin embargo el debate no se pudo desarrollar ya que Rizzo no fue trasladado a la sala de audiencia respectiva por causas que hasta el momento se desconocen. Ante esto las juzgadoras del tribunal de mayor riesgo B quienes tendrán a su cargo el juicio decidieron suspender el inicio del debate y de esta manera trasladarlo para él 3 de enero del próximo año.

A Rizzo se le señala de los delitos de peculado, lavado de dinero y abuso de autoridad. Dentro de este caso y ha sido condenada a su esposa y sus cuñados por el delito de lavado de dinero mientras que dos ex diputados se encuentran vinculados al proceso por supuestamente falsificar documentos que habrían beneficiado al ex alcalde en los actos anómalos que le imputa la fiscalía.

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Piden ligar a proceso a empreario Raúl Osoy

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Foto. elPeriódico

Luego de presentar sus argumentos de sobre los posibles delitos que el empresario Raúl Osoy pudo haber cometido, el Ministerio Público ha solicitado al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que lo ligue a proceso por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.

Según la imputación del Ministerio Público, Osoy pudo haber lavado activos de los fondos recibido ilícitamente por la concesión de Puerto Quetzal a la empresa Transportes de Contenedores Quetzal -TCQ-.

Se espera que este martes continúe la audiencia en la que la defensa deberá exponer sus argumentos antes de que el juzgador emita una resolución al respecto.

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