La Justicia de Guatemala confirmó este lunes una sentencia condenatoria de catorce años de prisión en contra de las ciudadanas rusas Irina Bitkov y su hija Anastasia Bitkov. Los delitos que cometieron son supresión y alteración del estado civil y uso de documentos falsificados.

La sentencia contra madre e hija se ratifica luego de dos años y dos meses de haber iniciado un segundo proceso penal en su contra.

Lee también: Guatemala suma 39 mil casos de COVID-19 y alcanza los 1 mil 500 muertos

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo fue la encargada de resolver en contra de las integrantes de la familia Bitkov; ellas llegaron legalmente a Guatemala en 2009 y adquirieron posteriormente documentos supuestamente legales que los acreditaban como originarios de Taxisco, Santa Rosa. Estos documentos fueron obtenidos a través de una red de falsificación en la entidad migratoria.

El primer proceso en contra de la familia rusa había sido por los mismos delitos y había tenido una sentencia condenatoria en enero de 2018. En esa oportunidad en contra de Igor Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastasia; sin embargo, tres meses más tarde la Corte de Constitucionalidad -CC-, retrotrajo el proceso a su fase intermedia; esto previo a conocer si la familia, y una red de 40 presuntos falsificadores, irían a juicio.

Igor, condenado en 2018, es separado del caso de Irina y Anastasia Bitkov

El caso de Igor Bitkov fue separado del de su esposa e hija, por lo que el ciudadano ruso fue procesado y condenado en diciembre de 2018; su pena es de siete años de prisión por haber falsificado documentos y por los delitos de supresión y alteración de estado civil. Esto de acuerdo a la investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, cuyo mandato concluyó en septiembre pasado.

La familia ha intentado demostrar su calidad de inmigrante. Además dice ser “víctima” de una mafia dentro del Instituto Nacional de Migración al venir a Guatemala; todo luego de haber supuestamente, según su versión, tenido que salir de su natal Rusia donde presuntos empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, “usurparon” sus bienes.

Sin embargo, la prensa local ha señalado que la familia poseía en Rusia una empresa papelera valorada en 700 millones de dólares y que, tras haber defraudado a sus accionistas por 6 millones de dólares, se fugaron y llegaron a Guatemala.

Un caso que trasciende fronteras

Durante diversas fases del proceso judicial, la familia rusa se ha visto involucrada en señalamientos del propio Gobierno de Guatemala, la ONU -ente que regía a la CICIG- y el senado estadounidense, llegando a conseguir que varios políticos republicanos, como el senador Marco Rubio, sugirieran una posible “conspiración” entre la CICIG y el Kremlin.

La familia rusa también fue apoyada por el expresidente Jimmy Morales, quien se mostraba conmovido por la supuesta persecución en contra de los europeos. El ex mandatario solía mencionar el caso como un ejemplo de los presuntos excesos cometidos por la CICIG; la misma entidad que lo acusaba, junto a la Fiscalía guatemalteca, de haber cometido delitos electorales con tal de hacerse del poder en la elección de 2015.