Los diputados aprobaron la noche de este martes, el Decreto 8-2022, ley de insolvencias o ley de quiebra, proyecto de ley que es parte del paquete de leyes para la reactivación económica.

La ley brinda un marco de certeza para que las personas individuales o jurídicas puedan renegociar sus compromisos; esto sin perder lo que tienen, lo que conlleva la reorganización de obligaciones financieras y comerciales.

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Según lo aprobado por los parlamentarios, la ley busca que cualquier deudor podrá reorganizar sus compromisos, sin perder sus activos, lo que al final protege las fuentes de trabajo. Un ejemplo de ello es lo sucedido con la pandemia del coronavirus, que afectaron a las empresas y muchas tuvieron que cerrar.

El diputado Rodolfo Neutze, quien presidió la Comisión de Economía y Comercio Exterior, dijo que, por efectos de la pandemia, la iniciativa se tuvo que modificar y poner en la vanguardia; sobre todo cuando surja algún problema financiero a los pequeños comerciantes y quiebran, puedan restituirse y luego de salir de su deuda.

“Cuando alguien quiebra, comienza un proceso eterno de cobro y no hay un tiempo para poder restablecer el crédito; entonces, esto va a hacer que los deudores y acreedores encuentren una solución rápida”, manifestó Neutze.

Mientras que el diputado Carlos Barreda señaló: “No solo por eventos extraordinarios, sino también por los ciclos económicos, es posible que alguien se vea imposibilitado de cumplir sus obligaciones. Entonces, la idea de esa ley es reorganizarse con sus acreedores para no perder sus propiedades o activos”.

Ley de insolvencias o de quiebras

Con la nueva normativa se reducirán los plazos, llenar vacíos legales y mejorar el proceso para facilitar el trabajo del Organismo Judicial. En un proceso concursal sencillo y ágil, se estima un mínimo de dos audiencias con lo que se reducen los plazos y se incorpora el uso de los medios electrónicos.

La nueva ley crea el Registro de Procesos y Administradores Concursales, con la función de inscribir y brindar las herramientas que faciliten la labor judicial. Con este proceso se deberá recabar, complementar o actualizar la información y documentación contable y financiera del deudor.