“Es un claro atropello a la Constitución. Hacemos los últimos análisis para tomar las medidas legales”, aseguró la titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, tras la aprobación en el Congreso de reformas al Decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

La funcionaria señaló que los cambios reducen los controles y multas a instituciones y empresas que no presenten estudios de impacto ambiental y, en algunos casos, exceptúan a sectores de contar con permisos.

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Posición del MARN sobre las reformas

Orantes advirtió que existen “claras inconstitucionalidades” y que presentarán medidas legales. Subrayó que los cambios tendrán un efecto ilegal, pernicioso y peligroso, que además viola el derecho humano a un ambiente sano.

Explicó que con estas reformas, los diputados contravienen el Artículo 97 de la Constitución, que obliga al Estado, municipalidades y ciudadanos a prevenir la contaminación y mantener el equilibrio ecológico.

La ministra agregó que la iniciativa responde a dos motivaciones políticas: la pugna de un sector del Parlamento con el Ejecutivo y el populismo para ganar apoyo de algunos grupos sociales.

También alertó que los cambios afectan la credibilidad internacional del país y contradicen el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que prohíbe reducir estándares ambientales.

Reacciones políticas y sociales

La diputada Karina Paz afirmó que el Decreto 09-2025 debilita la normativa vigente y adelantó que presentará un amparo preventivo. Pidió al presidente Bernardo Arévalo vetar la iniciativa si llega a su despacho.

Por su parte, Magalí Rey Rosa, de la Escuela de Pensamiento Ecologista Savia, señaló que las reformas “quitan los dientes a la ley” y favorecen a sectores particulares. Exigió que cualquier cambio se discuta con sectores técnicos y sociales.

Jeanne Méndez, de Haciendo Eco, sostuvo que la medida abrirá la puerta a ilegalidades. Recordó que la falta de regulación ya ha provocado graves daños, como el deterioro del lago de Amatitlán.

Aspectos preocupantes de las reformas ambientales

El decreto aprobado por el Congreso incluye enmiendas que exceptúan a iglesias, instituciones benéficas y ventas informales de presentar estudios ambientales.

Entre los puntos más cuestionados se encuentran:

  1. Limitar la obligatoriedad de licencias ambientales únicamente a actividades comerciales, excluyendo agricultura, industria, construcción y servicios.
  2. Reducir las sanciones por incumplimiento a entre 2 y 10 salarios mínimos.
  3. Eliminar la responsabilidad de los funcionarios públicos de exigir instrumentos ambientales.
  4. Contravenir los compromisos internacionales de Guatemala, especialmente el Artículo 17 del TLC con EE. UU.

La moción fue presentada por el diputado Edín Mejía, de la bancada Visión con Valores (Viva), y aprobada con 98 votos. [DCA]