El Pleno del Congreso de la República, en la Sesión Plenaria de este martes, aprobó el Acuerdo Legislativo 9-2022, con 118 votos favorables, que deja en firme la elección y juramentó de los tres relatores titulares y tres relatores suplentes de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPT), para el período 2022-2027.

Los relatores titular son: Lesther Castellanos Rodas, Alfredo Sánchez Chinchilla y Ever Alejandro Pérez Arriaza; asimismo, los suplentes son: William Oswaldo Ramírez, Baudilio Portillo Illiscas y Jennifer Alejandra Aldana García.

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Con el Acuerdo Legislativo 9-2022, concluye el proceso de convocatoria y elección a cargo de la Comisión de Derechos Humanos; la cual es presidida en el periodo 2022-2023, por el legislador Antonio Arenales Forno, integrante del bloque Valor.

Este proceso inició en octubre de 2021, con la apertura de la convocatoria en la que se recibieron 40 expedientes; de los cuales 33 cumplieron con los requisitos estipulados. Además, se continuó con el proceso de depuración a través de entrevistas audiovisuales para conocer sus planes de trabajo.

El Organismo Legislativo también cumplió con lo establecido en el Artículo 21 del Decreto 40-2010, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este establece el procedimiento a realizar y en cumplimiento también del Decreto 19-2009, Ley de Comisiones de Postulación.

Relatores electos por 5 años

Los relatores y relatoras titulares y suplentes electos para un período de cinco años, integrarán la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual tiene como mandato el examen periódico del trato y las condiciones que se da a las personas privadas de libertad, en todos los lugares de detención o centros de privación de libertad, públicos o privados.

Asimismo, debe realizar recomendaciones o peticiones a las autoridades competentes; esto con el objetivo de reducir la tortura y otros tratos o penas crueles contra las personas, en cumplimiento a sus derechos humanos internacionales.