En la primera sesión ordinaria adicional de la X Legislatura del Congreso de la República, los diputados aprobaron el Decreto 1-2026, mediante el cual se establece Estado de Sitio en todo el territorio nacional. La medida obtuvo 149 votos a favor. Esto ocurrió luego de que el pleno discutiera varias enmiendas al texto original, incluida la restricción de visitas a los privados de libertad.
La declaratoria fue impulsada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, como respuesta a las agresiones coordinadas de grupos autodenominados maras o pandillas contra las fuerzas de seguridad del Estado. Como resultado, estos ataques dejaron como saldo nueve agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos y varios heridos.
Según el decreto, estos grupos ejecutaron ataques armados contra autoridades civiles. Esto ocurrió tras la negativa del Estado de ceder a exigencias fuera del marco legal vinculadas a personas privadas de libertad.
El documento advierte que estos hechos ponen en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo patrimonial de los habitantes. Además, afectan el orden público, razón por la cual el Congreso consideró necesaria la aplicación de esta medida excepcional.
📝 Esto es lo que debes saber del Estado de Sitio ratificado por el Pleno del Congreso de la República ⬇️
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— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) January 20, 2026
Plazo de vigencia
El decreto establece que el Estado de Sitio tendrá una duración de 30 días. Durante este período, las autoridades podrán aplicar medidas extraordinarias para restablecer el orden y garantizar la seguridad ciudadana.
Las acciones se ejecutarán únicamente en casos estrictamente necesarios. Entre ellas figura la posibilidad de limitar o impedir reuniones al aire libre, manifestaciones públicas u otros espectáculos, incluso de carácter privado.
Asimismo, el decreto autoriza disolver por la fuerza reuniones o manifestaciones sin autorización. También permite intervenir aquellas que, aun con permiso, se desarrollen portando armas u otros elementos de violencia. La norma contempla además la disolución inmediata de cualquier grupo que recurra a actos violentos.
El texto también faculta la detención o confinamiento sin orden judicial de personas sospechosas de alterar el orden público o de participar en los hechos que motivaron la declaratoria.
Con esta decisión, el Congreso respalda la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad. Mientras tanto, distintos sectores observan con atención el impacto que estas disposiciones tendrán en la vida cotidiana de la población durante los próximos 30 días. [AGN]
