El Consejo Europeo anunció sanciones contra tres ciudadanos guatemaltecos y una organización, como parte de las acciones para proteger la democracia en Guatemala. Entre los sancionados figuran Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT); su representante legal, Raúl Amílcar Falla Ovalle; y el juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez.

Las medidas impuestas incluyen la congelación de activos y la prohibición a ciudadanos y empresas de la Unión Europea de proporcionarles fondos. Además, se estableció una prohibición de ingreso y tránsito por territorio europeo para las personas físicas sancionadas. Con esta decisión, ya suman ocho personas y una entidad sujetas a estas medidas.

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UE sanciona acciones que afectan la democracia

En el comunicado oficial, el Consejo Europeo expresó su profunda preocupación por la instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala. Así como por los ataques al gobierno democráticamente electo del presidente Bernardo Arévalo. Se condenó el uso indebido de procesos legales en contra de funcionarios electos, periodistas, líderes indígenas, defensores de derechos humanos y operadores judiciales independientes.

Según la UE, la FCT ha impulsado múltiples procesos penales contra miembros del sistema de justicia y representantes del gobierno. También se señala que ha actuado con intimidación hacia la sociedad civil y el poder judicial, atentando contra los principios democráticos.

Las sanciones buscan proteger la democracia Guatemala

Estas medidas se aplican bajo el marco aprobado por la UE el 12 de enero de 2024, diseñado para exigir responsabilidades a quienes obstaculicen una transición democrática en Guatemala. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE validó los resultados de las elecciones generales de 2023, que dieron como ganador a Arévalo.

Las sanciones no afectan a Guatemala como país, ni a su población ni economía. Están dirigidas únicamente a individuos y entidades que participan, apoyan o se benefician de actos que debilitan la democracia, el Estado de derecho y el traspaso pacífico del poder.

La Unión Europea reafirmó su compromiso con el desarrollo democrático de Guatemala, reiterando su disposición a seguir colaborando con el gobierno y todos los sectores sociales para impulsar una agenda inclusiva y sostenible.