En un reciente comunicado, la Corte de Constitucionalidad detalló que ha revisado el expediente 6175-2023, presentado por diez ciudadanos. Estos expresaron inquietudes sobre ciertos acontecimientos “relativos al proceso electoral y particularmente a decisiones emanadas de la justicia penal”, sugiriendo que podrían no estar respetando “la voluntad popular válidamente expresada por el pueblo de Guatemala”.
Los ciudadanos, además de señalar a figuras y grupos clave del gobierno, como el Presidente y miembros del Congreso, hicieron un llamado especial para garantizar “la efectiva y oportuna toma de posesión y ejercicio de los cargos de los funcionarios que fueron electos en sufragio universal en el presente año electoral”, prevista para el 14 de enero de 2024.
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Aunque plantearon estas preocupaciones, también aclararon en el comunicado que su petición se realiza “sin afectar y obstaculizar, de ninguna manera, el legítimo ejercicio de las funciones constitucionalmente asignadas a cada una de las autoridades impugnadas”.
La Corte, tras su revisión, decidió que, en su papel de defender “la defensa del orden constitucional”, y dadas las preocupaciones presentadas, consideraron adecuado otorgar un amparo provisional. En sus palabras: “ante la denuncia de situaciones de incertidumbre en la alternabilidad en el ejercicio del poder… OTORGÓ EL AMPARO PROVISIONAL”, buscando preservar “el régimen democrático del Estado”.
Con esta resolución y citando directamente el comunicado, la Corte busca asegurar que se mantenga “la alternabilidad en el ejercicio del poder, la cual debe operar en la fecha prevista en la Constitución, con base en los resultados electorales (hasta hoy) validados por el Tribunal Supremo Electoral”. Se espera que este paso refuerce la confianza en el proceso electoral y garantice una transición ordenada en enero. [Foto de portada: Twitter de Plaza Pública]
