La jueza del Supremo Tribunal Federa de Brasil, Cármen Lúcia Antunes, autorizó el inicio de una investigación contra el ministro de Ambiente, Ricardo Salles. Por supuestas obstrucciones en la fiscalizaciones de delitos ambientales en la Amazonía.
La magistrada atendió un pedido que presentó la Procuraduría General de la República, que solicitó investigar al funcionario tras recibir la denuncia de la supuesta injerencia del ministro Salles y otros funcionarios de la cartera en la mayor investigación ambiental llevada a cabo por la Policía Federal. Con el objetivo de supuestamente favorecer bandas de madereros ilegales.
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Antunes autorizó la apertura de la investigación a fin de “averiguar la veracidad y autoría de los eventos mencionados” en la “noticia crimen”. Un dispositivo usado para alertar a las autoridades sobre un delito y fue presentada por el comisario de la Policía Federal Alexandre Saraiva a mediados de abril.
La jueza igualmente autorizó la realización de las diligencias solicitadas por la Procuraduría General. Que incluyen la toma de declaraciones del ministro, y fijó 30 días para el cumplimiento de las mismas. Así como para la finalización de las investigaciones.
Ministro suma otra denuncia
El vicefiscal general de Brasil, Humberto Jacques de Medeiros, solicitó a la Corte Suprema investigar al titular de Medio Ambiente por su conducta frente a la operación “Handroanthus”. Que culminó en la aprehensión récord de 226 mil metros cúbicos de madera extraídas presuntamente de manera ilegal en la Amazonía.
La Procuraduría citó la supuesta obstaculización fue la fiscalización ambiental por parte de Salles o la actuación “a favor de intereses privados” a fin de interferir en las labores de la Policía. Y “promover la regularización de cargas exportadas irregularmente”.
Se trata de la segunda investigación supervisada por la máxima corte que afecta directamente al ministro Salles.
Hace dos semanas, la Policía Federal puso en marcha la operación “Akuanduba”. Que investiga si el ministro de Medio Ambiente y otras autoridades facilitaron la exportación ilegal de madera a Estados Unidos y Europa.
