Los diputados vinculados al pacto oficialista retomarán la iniciativa 5564 sobre la prisión preventiva. La cual se intentó aprobar en la legislatura pasada, pero tuvo rechazo de diferentes sectores.
Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso fue quien explicó sobre los detalles de la iniciativa 5564. Esto, durante la primera reunión de la Comisión de Protección Ciudadana establecida por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez.
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“El tema no es fácil de resolver. Incluso muchos tienen cuidado de no abordarlo porque puede haber señalamientos o malas interpretaciones. Pero como legisladores responsables estamos para hacer lo que le conviene al país”, indicó Castillo.
Añade: “el Sistema Penitenciario tiene capacidad para ocho mil personas. Ahora rebasan las 25 mil, o sea más del 300 por ciento. En donde debería haber una persona hay tres”.
Diputado dice que los reos siguen siendo seres humanos
El diputado argumentó que las personas privadas de libertad siguen siendo seres humanos y especialmente que entre los privados de libertad hay muchas personas vulnerables.
“Hay personas mayores de 65 años. Personas que padecen enfermedades crónicas y algunos con enfermedades terminales. Incluso hay mujeres embarazadas dentro de estas personas privadas de libertad”, refirió.
Una de las comisiones presidenciales de fiscalización y acompañamiento discutirá la ley 5564, que establece medidas sustitutivas de prisión preventiva, buscarán readecuarlo a la emergencia sanitaria y poder dejar libres a reos para que pasen esta pandemia en sus hogares. pic.twitter.com/ggYUZmb7QK
— Diario La Hora (@lahoragt) April 25, 2020
Castillo afirma que son entre 3 mil y 3 mil 500 las personas que se encuentran en esa situación. Al darles la oportunidad de estar en arresto domiciliario se desfogarían un poco las cárceles.
Para conocer más sobre el proyecto, el diputado indicó que el martes están convocados a otra reunión con integrantes del sector justicia.
“Para pedir el expediente se lleva hasta dos o tres meses”
El tercer vicepresidente señaló que hay personas que ya cumplieron su condena o que ya tienen el beneficio para poder salir. Sin embargo “nos contaron algunos abogados litigantes que solo para pedir el expediente y empezar el trámite se lleva de dos a tres meses en los juzgados de ejecución”.
“En este momento hay mucho peligro de que los centros carcelarios se puedan convertir en focos de contaminación y de propagación del virus”, indicó.
Castillo manifestó que recibieron a integrantes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), quienes les hicieron una propuesta que consiste en que se pueda crear un mecanismo en el que quienes están en esos sectores vulnerables puedan tener prisión domiciliar temporal mientras dure la emergencia.
