En los últimos días incrementó el rechazo a las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP- que busca impulsar el Congreso de la República. La Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, organizaciones civiles, periodistas y medios de comunicación han manifestado su rechazo.

Esta iniciativa propone la creación de la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública –ONAIP- que tendría personalidad jurídica y no dependería de otra institución. Actualmente la institución que vela por el cumplimiento de esta ley es la Procuraduría de los Derechos Humanos.

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El cargo de director y subdirector de la ONAIP será por cuatro años y los nombrará el congreso, pero también podrá removerlos. Estos se elegirán de una nómina de cinco candidatos que presentará la comisión de transparencia y probidad.

Las reformas, que fueron agendas para esta semana, son rechazadas porque es una forma en la que los diputados controlen la información. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI- lo calificó como un retroceso.

PDH se pronuncia en contra de las reformas

“Los procedimientos empleados para promoverla envían mensajes incorrectos a una población azotada por la pandemia del COVID-19 y la crisis humanitaria derivada de la tormenta Eta”, señaló el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas.

Actualmente la Secretaria de Acceso a la Información Pública -SECAI- adscrita a la PDH es el ente regulador de la LAIP. Con la nueva la oficina, que tendrá un presupuesto de Q30 millones, la SECAI debe trasladar toda su base de datos.

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