Por medio de un oficio, la tarde de este lunes notificaron al juez Marco Antonio Villeda que a partir del próximo 29 de abril dejará de ser el juez titular del Juzgado de Extinción de Dominio y pasará a ser el juez B del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal en sustitución de la juez Ruth Camey que llevaron a otro cargo.

Según explica Villeda, la razón dada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para proceder a su remoción es que el próximo 29 de abril concluye su periodo constitucional para ser juez, por lo que al renovar su nombramiento, la Corte decidió que a este lo trasladen a otra judicatura.

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“No encuentro razones, porque en mi caso no hay mora judicial, en los 13 años que tengo no hubo ni siquiera una denuncia de corrupción y las sentencias a mi me las han confirmado en un 99%”, refirió Villeda al explicar la trayectoria que ha tenido desde que se creó el juzgado cuando lo nombraron a cargo de este hasta la fecha.

De momento las autoridades de la CSJ no se han pronunciado al respecto ni explicado el porqué preciso de su decisión, así tampoco han anunciado quien será el juez que sustituya a Villeda en el cargo, dejando únicamente a la juez Ana Isabel Guerra, de momento al frente de la judicatura.

Marco Antonio Villeda

Villeda se reconoció por ser el primer juez nombrado para encabezar la primera judicatura especializada en extinción de dominio luego que fuera promulgada la ley de la materia, desde entonces tuvo a su cargo distintas decisiones que llevaron a la remoción de bienes y traslado al estado de Guatemala de aquellos que fueron considerados obtenidos de forma ilícita.

De tal manera, propiedades de Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, Eduardo Villatoro Cano alias Guayo Cano, entre otros, les retiraron y trasladaron a manos del estado de Guatemala.

En la actualidad Villeda aún tiene a su cargo el juicio para analizar si un total de Q34 millones de quetzales ubicados en cuentas del ex superintendente de administración tributaria Marto Tulio Abadío, pasan o no a manos del Estado de Guatemala, luego que el Ministerio Público afirma que dichos fondos pertenecen al dinero desfalcado de la entidad que dirigió entre el 2000 y 2004.