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Cuatro personas son ligadas a proceso sindicados por el caso Cooptación del Estado

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El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó el día de hoy a proceso a Vivian Soraya Urízar Estrada, Eduardo Cristian Kestler Morán, Julio Raúl Alvarado Portes y Carlos Gabriel Guerra Villeda por su vinculación en el caso “cooptación del Estado de Guatemala”. Estos dos últimos fueron enviados a prisión preventiva y a los otros dos se les otorgó medidas sustitutivas.

Luego de analizar los elementos de investigación en la audiencia de primera declaración, el juez ligó a proceso a Urízar Estrada por el delito de falsedad ideológica y a Kestler Morán por financiamiento electoral ilícito. A ambos se les otorgó arresto domiciliar y arraigo.

Mientras que a Alvarado Portes fue ligado por asociación ilícita y cohecho pasivo; y Guerra Villeda por asociación ilícita, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito. Los dos fueron enviados a prisión preventiva. En el caso de Diego Castillo Góngora, el juez dictó falta de mérito.

Antecedentes
El 27 de julio de este año, el juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso a 53 sindicados, vinculados en este caso, entre los que se encuentran los exgobernantes Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, así como empresarios, contratistas y otros exfuncionarios, sindicados de liderar una estructura criminal que capturó a varias instituciones claves del Estado guatemalteco con el fin de enriquecerse de manera ilícita. 

Mientras que el pasado 6 de octubre fue ligado a proceso Enrique Castellanos Rojas, exgerente de la empresa Claro, por el delito de financiamiento electoral ilícito.

Vía CICIG 

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La CICIG aclara informaciones recientes sobre el caso “Ejecuciones Extrajudiciales”

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Ante informaciones recientes sobre el caso “Ejecuciones Extrajudiciales”, que no se ajustan a la realidad o son tendenciosas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, se permite informar:

Los ilícitos que están siendo señalados a partir de la audiencia celebrada el día 9 de noviembre de 2018 corresponden a hechos nuevos y  distintos a los presentados en casos anteriores; por lo tanto, no hay violación al principio procesal que refiere que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho (non bis in idem, Articulo 17 del Código procesal Penal).

Los hechos juzgados por la Audiencia Nacional de España, en el caso del imputado Carlos Roberto Vielmann Montes, refieren a otros eventos, ocurridos en tiempo y lugar diverso,  relativos a ejecuciones extrajudiciales de víctimas distintas de las que ahora le están siendo imputadas.  La actuación imputada a los sindicados en grado de coautoría tiene que ver únicamente con los hechos nuevos tal como se detalla a continuación:

Imputaciones de ejecuciones extrajudiciales anteriores en Guatemala y en España

  • Edwin Santacruz Rodríguez (“Río Hondo”) 3 de noviembre 2005
  • Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa (“Las Cuevas”) 1 de diciembre de 2005
  • José Abraham Tiniguar Guevara (Pavón)  25 de septiembre de 2006
  • Mario Misael Castillo (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Jorge Eduardo Batres Pinto (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Luis Alfonso Zepeda González (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Carlos René Barrientos Vásquez (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Gustavo Adolfo Correa Sánchez (Pavón) 25 de septiembre de 2006
  • Erick Estuardo Mayorga Guerra (Pavón) 25 de septiembre de 2006

Personas ejecutadas imputadas en la actualidad

  • Hugo Humberto Ruiz Fuentes 14 de noviembre de 2005.
  • Douglas Sadiel Arauz Palacios 20 de diciembre de 2005.
  • Adonis Asael Murillo 20 de diciembre de 2005.

Personas torturadas imputadas en la actualidad:

  • Marco Tulio López y López 23 de octubre 2005.
  • Luis Humberto Arana Sarceño  23 de octubre 2005.
  • Julio Oswaldo García Palacios 19 de noviembre de 2006.
  • Isaías López Castillo 25 de octubre de 2005.

A su vez, dentro del presente caso no existen colaboradores eficaces; ni tampoco han sido otorgados beneficios a los testigos.

Las declaraciones testimoniales en este caso – más de cincuenta — son de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos que fueron testigos de los hechos, algunos de ellos porque estuvieron presentes en el lugar de la comisión de los mismos y otros que tuvieron conocimiento de los hechos por razón del cargo que desempeñaban en ese momento, como policías nacionales civiles y funcionarios del Organismo Judicial, entre otros. Cada uno de estos ciudadanos ha dado su testimonio con valentía y con el único propósito de colaborar con la verdad y la justicia.

Además de las declaraciones testimoniales presentadas, tanto las realizadas en la sede del Ministerio Público como aquellas brindadas ante juez competente en calidad de anticipo de prueba, existen documentos oficiales que ratifican lo manifestado por testigos, así como pericias científicas que fortalecen la hipótesis del caso.

Los privados de libertad que han brindado su testimonio han hablado únicamente sobre los hechos de torturas de las que fueron víctimas directas. Esas cuatro personas siguen cumpliendo su condena en calidad de detenidos y en ningún momento han sido favorecidos o han recibido beneficio penitenciario o de cualquier otra índole.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala aprovecha la oportunidad para recordar que los derechos humanos son universales y deben garantizarse sin discriminación de sexo, raza u origen social.  Confiamos en que se respetará el debido proceso y se permitirá a las Cortes guatemaltecas dilucidar los hechos libres de presiones e influencias indebidas. [CICIG]

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Condenan a hombre por negación de asistencia económica

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El Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía de la Mujer de Alta Verapaz, logró que el Tribunal Primero de Sentencia Penal de dicho departamento emitiera una condena de un año y seis meses de prisión conmutable a razón de cinco quetzales diarios, por el delito de negación de asistencia económica.

La condena fue contra de Sídney Joao Cacao Coy, a quien el 19 de enero de 2018 le fue requerido el pago en concepto de pensión alimenticia atrasada a favor de sus dos hijos menores de edad y su esposa, por la cantidad de 45 mil 900 quetzales.

Según la investigación del MP Cacao Coy se negó a dicho pago, dentro del plazo legal de pensiones atrasadas correspondiente desde agosto del año dos mil trece, al mes de octubre del año dos mil diecisiete. [Ministerio Público]

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Otro día de descanso en el Organismo Judicial

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Foto: Organismo Judicial

Además de los bonos que reciben durante el año, haber renegociado el pacto colectivo de trabajadores y estar en el período de vacaciones, la Corte Suprema de Justicia ha accedido a conceder otro día de asueto para los trabajadores por conmemorarse el día del Organismo Judicial.

Según se hizo ver en un anunció, los magistrados dando cumplimiento a los acuerdos que fueron convenidos con el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, se dará asueto el próximo lunes 12 de noviembre, por ser el día del organismo, y todos con goce de salario.

Este asueto viene a sumarse a los otros beneficios que el sindicato obtiene a través del pacto colectivo que fue modificado hace dos meses y con el cual buscaban el aumento al salario de los trabajadores judiciales.

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