Las universidades Del Valle, Rafael Landívar, Mesoamericana y del Istmo se pronunciaron en un comunicado sobre la coyuntura política que vive el país y que ponen en peligro la institucionalidad derivado de las acciones que ha emprendido el Ministerio Público al abrir las cajas electorales, potestad que solo le compete al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el comunicado señalan que la democracia es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Un sistema que garantiza la participación activa de todos los ciudadanos, la toma de decisiones, promoviendo el respeto a los derechos humanos.

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“Nos corresponde a todos los ciudadanos defender el orden constitucional como jun elemento fundamental para alcanzar el desarrollo integral de nuestro país. Instamos a los organismos del Estado, autoridades judiciales y constitucionales, así como a los distintos sectores y organismos nacionales e internacionales a colaborar en la protección y preservación del orden constitucional y del sistema democrático de nuestro país”, señalan en el comunicado.

Afrenta contra el proceso electoral

De esa cuenta, las universidades antes mencionadas manifestaron su interés de que las acciones legales y penales en curso como el proceso electoral culminen dentro de un marco de total legalidad, regulado por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, misma que es de rango constitucional.

“Como universidades nos corresponde contribuir al estudio y solución de los problemas nacionales. En ese sentido, estamos llamadas a aportar al desarrollo integral del país, al resguardo del sistema republicano, es estado de Derecho y la preservación de la democracia”, señalaron las universidades.

El Ministerio Público inició una afrenta contra el proceso electoral con el fin de tratar de desacreditarlo, al tomar acciones que vulneraron la custodia de los votos emitidos por los ciudadanos, de esa cuenta es que se han presentado varias acciones de las cuales la Corte de Constitucionalidad ha aceptado, pero por competencia las ha trasladado a otros órganos jurisdiccionales.