El presidente Alejandro Giammattei decretó este domingo estado de sitio en cinco municipios de dos departamentos por inseguridad. Según la publicación en el diario oficial existen grupos armados que han “desestabilizado” y generado “ingobernabilidad”.

El Decreto 13-2020 fue publicado en el Diario de Centroamérica sin que el presidente diera a conocer a la población las razones de su decisión y los objetivos de la misma.

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Los municipios objetivo del estado de sitio son El Estor, Morales y Livingston, en Izabal; en Alta Verapaz se tomó la decisión para los municipios de Panzós y Santa Catalina La Tinta.

Según el texto del Decreto, la consideración del Ejecutivo para actuar de esta forma se debe a problemas de inseguridad. En dichos municipios existen “indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad, acciones realizadas, posiblemente, por instigación de grupos criminales que tienen por objeto desestabilizar a la autoridad departamental y municipal, entre otros”.

El Decreto asegura que “las acciones realizadas por estos grupos generan violencia e ingobernabilidad, riesgo a la vida y la libertad”; Además indica que “afecta la justicia, desarrollo social, paz y seguridad de los habitantes de esa región y que es necesario que ese tipo de conductas no continúen”.

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El Decreto 13-2020 que declara el estado de sitio

A diferencia de otros decretos de estado de sitio, en los que se explica con detalle los sucesos que llevaron a decretarlo, en esta ocasión solo se publicó.

Varios medios de comunicación consultaron a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia; sin embargo, se limitó a compartir el documento aprobado por el consejo de ministros.

El estado de sitio, que debe ser ratificado por el Congreso, durará 30 días y le da autoridad al Estado para prohibir movimientos de la población. Además de diluir cualquier organización o manifestación y detener a uno o más habitantes sin mandamiento judicial, entre otras disposiciones.

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La ley del Orden Público

El Artículo 16 de la Ley de Orden Público señala que el Ejecutivo puede decretar el estado de sitio por actividades “terroristas, sediciosas o de rebelión” que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves “pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado”.

También cuando se registran o se tengan “indicios fundados” de que se van a producir “actos de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva”.

Estado de sitio es una medida reiterativa

En septiembre pasado, el expresidente Jimmy Morales decretó un estado de sitio. Este incluyó a más de 20 municipios del departamento de Izabal, El Progreso, Alta Verapaz y Petén. La decisión llegó después de que una brigada de la marina supuestamente fuera emboscada por un grupo de narcotraficantes; el saldo fue 3 soldados muertos, 5 heridos y uno ileso.

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La medida de excepción le permitió a Guatemala “evitar convertirse en un país productor de cocaína”, según dijo entonces el expresidente Morales; lo expresó luego de que el Ejército desmantelara un laboratorio de droga y la destrucción de numerosos plantíos de marihuana.

El pasado 30 de mayo, el presidente Giammattei decretó el primer estado de sitio en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá. El motivo fue enfrentamientos entre sus pobladores debido a un conflicto histórico de límite territorial. La medida en estos dos municipios, fue prorrogada por 30 días más en junio por el Ejecutivo.

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