Varios activistas indígenas q’eqchi’ y un diputado denunciaron este viernes el exceso de la fuerza en un operativo policial en contra de la resistencia a la mina de níquel Fénix. El proyecto es de capital ruso y ubicado en El Estor, Izabal.

Cientos de agentes de las fuerzas especiales antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al kilómetro 305 de ruta a El Estor, donde enfrentaron a indígenas que se oponen a la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). La compañía es subsidiaria de la firma rusa Solway Investment Group. Los manifestantes se encontraban a la orilla de la carretera desde hace 20 días en un campamento improvisado. Permanecían en protesta contra del proceso de consulta al pueblo para la instalación de la mina, que opera “de forma ilegal desde 2005”, según indicaron a medios locales.

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El enfrentamiento dejó heridos y periodistas amenazados por algunos de los agentes, afirmaron diversas fuentes. Uno de ellos fue el medio Prensa Comunitaria o políticos como el diputado de oposición Aldo Dávila, quien se hallaba en el lugar.

Dávila aseguró en un foro virtual que la situación en El Estor “es preocupante e indignante. Hay una evidente fuerza de autoridad desmedida, con 25 radiopatrullas a disposición de la mina. Esto evidencia el uso de la fuerza desproporcionado contra no más de 120 campesinos”.

PDH pide no restringir labor de la prensa en El Estor

Según el medio digital Prensa Comunitaria, los policías lanzaron “más de 80 bombas lacrimógenas en contra de la resistencia. Algunas de las cuales fueron al cuerpo de las personas”.

También, de acuerdo a la misma plataforma digital, hubo agentes que “tiraron piedras contra la población”. Varios periodistas resultaron agredidos durante la represión en contra de la comunidad y Autoridades del Consejo Ancestral Q’eqchi. 

En respuesta a las amenazas a periodistas, el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), aseguró que “monitorea la situación en El Estor, Guatemala. Según informes, agentes de la Policía Nacional Civil han acosado, amenazado e impedido la cobertura de equipos periodísticos”.

La oficina en Izabal del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) recibió “denuncias tras el desalojo a resistencia pacífica en El Estor. A la vez recomendó a la Policía “respetar la integridad y derechos humanos de las personas”. Asimismo, no “restringir la labor de la prensa, se debe garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información”.

Los comunitarios pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel al carecer de estudios de impacto ambiental. Según alegan, tampoco cuenta con la autorización de operaciones al no haberse realizado la consulta libre con el pueblo. Tal ejercicio lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en junio de 2020.