Un colectivo de derechos humanos denunció este domingo “graves” violaciones a las garantías y el uso desproporcionado e indiscriminado de las fuerzas de seguridad en el municipio de El Estor, bajo estado de sitio desde hace ocho días, por un conflicto minero que implica a una empresa de capital ruso-suizo.
De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) y el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (caldh) que lideraron una misión para verificar la situación en ese municipio, los testimonios recogidos relatan que la Policía lanzó gases lacrimógenos que afectaron a los niños, mujeres y ancianos y provocaron la muerte de aves de patio.
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Además, que existe presencia de vehículos sin placas, supuestamente de la Policía Nacional Civil (PNC). Además que durante los 20 días que duró la resistencia de los pobladores se registraron “graves violaciones a los derechos humanos” en contra de periodistas y comunicadores sociales.
“Hubo agresiones físicas y destrucción de equipo de los periodistas”, sostuvo el colectivo en un comunicado leído en rueda de prensa.
La misión constató el “permanente hostigamiento de la PNC en las casas de los líderes comunitarios, lo que ha originado en clima de zozobra” y también se utiliza tecnología de punta para vigilar las residencias, dijo.
Allanamientos en El Estor
Durante la visita se documentaron 14 allanamientos a casas de defensores el territorio q’eqchí. Y mientras el Ejército rodeó el pueblo, los agentes de la PNC y del Ministerio Público ingresó de forma violenta a las residencias, sostuvo.
Según la convergencia, la Policía dejó abierto un frasco de veneno herbicida junto a una olla donde una familia preparaba la comida. También a otra personas que es parapléjica no le permitieron ni vestirse ni utilizar la silla de ruedas para movilizarse.
“Este hecho solo puede entenderse como tratos degradantes, crueles e inhumanos” y en uno de los allanamientos ” y en uno de los allanamientos se pudo verificar que la Policía “cometió abusos físicos, psicológicos y denigrantes a niñez que se encontraba sola en una vivienda”, afirmó.
Los dirigentes humanitarios denunciaron, asimismo, la detención ilegal de un defensor de los derechos humanos. Identificado como Eduardo Bin, gozaba de una fianza por un caso que se resuelve en un juzgado, lo cual consideran como “un hostigamiento”.
📢#Comunicado | Frente a la gravedad de los hechos documentados en El Estor, Izabal, en el desarrollo de la Misión, la @ConvergenciaDe2, plantea las siguientes peticiones hacia el @GuatemalaGob, @Oacnudh_GT, @RelatorDd, @PDHgt y sociedad guatemalteca👁️👇🏾 https://t.co/OlNFa6SPNH pic.twitter.com/US69YF7IHi
— UDEFEGUA (@UDEFEGUA) October 31, 2021
Demandas al Gobierno y las Naciones Unidas
Dada la “gravedad de los hechos”, el colectivo exige al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei suspender el estado de sitio decretado por un periodo de 30 días y que se garantice la integridad física de todos los defensores.
También que se permita una visita in loco de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además que se haga una invitación oficial a la Relatoría para Defensores de los Derechos Humanos a que visite el municipio.
La convergencia planteó a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizar a la brevedad una visita para que se pongan “límites al actuar represivo del Estado y que el relator se pronuncie ante la “gravedad de las violaciones que está sufriendo el pueblo maya q’eqchí”.
Instó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala a instalar en el municipio una oficina. Esto para que verifique la plena vigencia de las garantías durante el estado de sitio.
Amparo definitivo
Recordó que en 2018 la Gremial de Pescadores Artesanales del pueblo maya q’eqchí de El Estor buscó la vía legal para solucionar el conflicto con la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) por la explotación de la mina Fénix, propiedad de la empresa ruso-suiza Solway Investement Group.
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo definitivo en 2020 que suspendió las operaciones de la mina. Esto por considerar que se violó el derecho a la consulta a la que obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Y que el 4 de octubre de 2021 el Consejo Ancestral Q’eqchí instaló un plantón permanente en la entrada del municipio. También a 10 kilómetros de distancia de la planta procesadora de la CGN para exigir el respeto a sus derechos y el cumplimiento de la sentencia de la CC.
La @ConvergenciaDe2 pide al @GuatemalaGob suspender de inmediato estado de sitio, respetar la resolución de la @CC_Guatemala que suspende cualquier actividad Minera en #ElEstor incluida la de proveedores, permitir y facilitar una visita de la @CIDH#DefenderDerechosEsUnDerecho pic.twitter.com/cT9BSAA31E
— CALDH (@caldhgt) October 31, 2021
