Desde la semana pasada funcionarios estadounidenses han mostrado su preocupación ante la persecución penal emprendida contra los jueces en Guatemala. Catalogados como actores anticorrupción en el país.
Situación que se marca con la publicación realizada en Twitter por parte del congresista de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Albio Sires.
En la misma, además de mostrar su preocupación por la situación de los jueces, se enfatizó sobre la persecución contra el juez de Mayor Riesgo Gálvez, en donde este indica:
“Quiero expresar mis preocupaciones sinceras por el juez Ángel Gálvez y su familia en este momento. Además condeno firmemente los intentos del gobierno guatemalteco de acallar el juez. Y obstruir justicia por las víctimas de la violencia patrocinado por el estado”.
Hoy, el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez asistirá a una audencia preliminar para determiner si será despojado de su inmunidad judicial. Este esfuerzo es sólo uno de muchos en la campaña del gobierno para debilitar esfuerzos para luchar contra la corrupción en Guatemala.
— Albio Sires (@RepSires) November 4, 2022
Esta publicación generó que el embajador de Guatemala en Washington, Alfonso Quiñonez enviará una carta al congresista. Aduciendo que las afirmaciones hechas por este en la red social no tienen fundamento.
En la carta, Quiñonez expresa: “En Guatemala hay una separación de poderes y en base a esto el Poder ejecutivo respeta la independencia judicial y el estado de derecho. Los procedimientos judiciales corresponden exclusivamente al poder judicial y el enjuiciamiento penal a la fiscalía. Que también es una entidad independiente y que por ley esta obligada a investigar todas las quejas que se le presenten.”
La cancillería guatemalteca confirmó el envío de la carta aunque no ahondó en más detalles al respecto.
Posteriormente, el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su vocero Ned Price, realizó un nuevo pronunciamiento. En el mismo que asegura que Guatemala debilita las acciones contra la corrupción.
The United States is alarmed by the continued pattern of actions against judges and prosecutors in Guatemala who handle anti-corruption and human rights cases. These actions are weakening Guatemala’s most important safeguards against corruption, impunity, and human rights abuses. pic.twitter.com/dYsGIuXFSI
— Ned Price (@StateDeptSpox) November 8, 2022
“Estados Unidos está alarmado por el patrón continuo de acciones contra jueces y fiscales en Guatemala que manejan casos de anticorrupción y derechos humanos. Estas acciones están debilitando las salvaguardas mas importantes de Guatemala contra la corrupción, la impunidad y los abusos a los derechos humanos”, indica el tweet de Price.
El MP se pronuncia ante la postura del Departamento de Estados sobre los jueces
Ante esta publicación, el Ministerio Pùblico de Guatemala asegura que la afirmación del departamento es falsa, y por medio de un tweet le responde:
“El Mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro, es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública, además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, por lo que rechaza categóricamente las declaraciones tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justica guatemalteco vertidas por el vocero del departamento de Estado”
El mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el
— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 8, 2022
estricto cumplimiento de las leyes del país”. pic.twitter.com/hvz9wz0eKM
De momento, el juez Miguel Ángel Gálvez se encuentra fuera de Guatemala, asistiendo a un evento en Costa Rica según el juzgador, mientras se espera que se desarrolle las diligencias de antejuicio en su contra promovidas por la Fundación contra el Terrorismo, en donde aún se espera el pronunciamiento del juez pesquisidor Roaldo Chávez, sobre si recomienda o no a la Corte Suprema de Justicia retirarle o no la inmunidad.
