La supuesta desaparición o destrucción de archivos militares relacionados con crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil, 1980-1992; fue denunciado por el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Idhuca, Manuel Escalante; quien pidió a la Fiscalía que investigue.
Detalló que la presentación del “aviso penal”, ante una sede del Ministerio Público, se da a raíz de las declaraciones dadas por el presidente Nayib Bukele la noche del jueves. En una cadena nacional de radio y televisión informó la destrucción de archivos vinculados con la masacre de mil campesinos en El Mozote, en 1981.
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“Estos eventos que el presidente manifestó son suficientes para configurar, al menos, dos tipos de delitos; cometidos por la Fuerza Armada o con participación de ella”, señaló el letrado en una rueda de prensa.
Estos delitos son los de supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos, y actos arbitrarios, este último porque “no se realizó el procedimiento legal” que permite purgar archivos oficiales.
“Vemos la necesidad de venir a informar a la Fiscalía, porque estos delitos estarían obstruyendo la Justicia en cuanto a este crimen de lesa humanidad”, acotó.
Escalante agregó que un tercer delito que pidió a la Fiscalía que investigue es el de omisión de aviso, que se cometió por parte de funcionarios gubernamentales al no alertar al Ministerio Público por la desaparición de los documentos.
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— Idhuca (@idhuca) September 29, 2020
Bukele y su cadena sobre los archivos perdidos
Bukele agregó en su cadena que, “aquí hay responsabilidades de muchas personas en muchos períodos presidenciales”.
“La mayoría de archivos, como cualquier salvadoreño se imaginará, se destruyeron en estos cuarenta años”, sostuvo el jefe de Estado durante una cadena nacional.
Bukele aprovechó su cadena para defender el bloqueo del Ejército el 21 de septiembre; a una diligencia judicial de búsqueda de archivos por el supuesto peligro de que se dieran a conocer planes secretos actuales.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades elites del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas. La mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.
Por esta matanza se procesa a más de una docena de mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, los primeros de este tipo imputados en el país tras la guerra civil.
