Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este lunes a dos líderes indígenas acusados de agredir a policías durante una manifestación en 2021 en contra de una empresa minera instalada en el noroeste del país.

Los detenidos son Cristobal Pop y Roque Sub Cucul, ambos opositores al funcionamiento de una mina de níquel propiedad de la firma suiza Solway Investment Group ubicada en el departamento de Izabal, unos 250 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Guatemala, según confirmaron varias fuentes.

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Pop es presidente de la gremial de pescadores de El Estor, municipio Izabal, mientras que Sub Cucul es líder indígena del concejo ancestral maya q’eqchi’ del departamento de Alta Verapaz, unos 150 kilómetros al norte de la capital del país.

De acuerdo a la entidad no gubernamental Festivales Solidarios, la detención de ambos obedece a una supuesta agresión a policías durante una manifestación en octubre de 2021.

La captura tuvo lugar en la capital del país, después de una rueda de prensa en la que anunciaron que demandarían al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la instalación ilegal de la mina y la “criminalización” de defensores ambientales.

Trasladados ante un juez

Pop y Sub Cucul fueron trasladados a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial en la Ciudad de Guatemala, según constató Efe, donde quedaron a la espera de brindar su primera declaración y conocer los delitos de los que son acusados.

Los líderes indígenas tenían una orden de captura en su contra emitida el 21 de septiembre pasado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, como señalaron medios locales.

Pop fue una de las primeras personas en denunciar en 2017 que la mina estaba contaminando el lago de Izabal, ubicado en el mismo departamento, de acuerdo a diversas fuentes.

En enero pasado, el Gobierno guatemalteco restauró el permiso de funcionamiento para la mina, denominada Fénix y propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.

La mina tenía prohibido operar desde 2019 por orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ante la falta de una consulta popular con comunidades aledañas para determinar si aprobaban su funcionamiento.

¿Consulta popular por la mina?

El Ministerio de Energía y Minas indicó en enero de 2022 que la consulta popular se realizó en diciembre de 2021 con “el pueblo indígena maya q’eqchí”, de acuerdo a palabras del director de la cartera, Alberto Pimentel Mata.

Sin embargo, diversas entidades manifestaron sus dudas con respecto a la consulta popular realizada para determinar si se permite el funcionamiento de la mina.

El abogado Kelvin González, en representación del parlamento xinca, de carácter indígena, indicó el 12 de diciembre pasado que desconocen “totalmente” la supuesta consulta popular, realizada con “seudorepresentantes de comunidades indígenas”.

Según el medio Prensa Comunitaria, al menos 94 representantes indígenas del pueblo que q’eqchí “fueron excluidos” de la consulta popular, anunciada por el Gobierno como finalizada el 10 de diciembre. [Fotos: Prensa Comunitaria]