Con 84 votos a favor, los diputados de Congreso aprobaron el Decreto 6-2021 que contiene las reformas a la Ley de Zonas Francas.

El argumento para su aprobación es a favor de la generación de empleo para los guatemaltecos. La normativa es parte del paquete de leyes para la reactivación económica por los estragos del COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota. La reforma aprobada establece que varias industrias, que no están incluidas en la normativa vigente, puedan acogerse a los beneficios aduaneros. Entre las industrias beneficiadas se encuentran electrónicos, vehículos, relojería, joyería, medicamentos, cosméticos.

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En 2016, la Ley de Zonas Francas sufrió una reforma y eliminó varias industrias que podían acogerse a este régimen. La recién aprobación reincorpora a esas industrias. Rodolfo Neutze, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, reiteró que la Ley permitirá la reactivación de la economía. “Esta Ley hará que pequeñas y medianas empresas que hoy no tienen donde trabajar se sitúen en los lugares más recónditos de este país”, dijo Neutze.

Ley “a favor de empresas, no de privilegios”

Samuel Pérez de la Bancada Semilla manifestó que están a favor de las empresas, pero nunca a favor de privilegios y mucho menos de que Guatemala se ponga de alfombra.

Mientras que el director ejecutivo de la Asociación de Zonas Francas, Juan Pablo Bercián, señaló que ya hay 108 empresas interesadas en instalarse en Guatemala y que luego de la aprobación de la ley esperan que este número se triplique.

Bercián señala que luego de la reforma podrían generarse entre 30 mil y 50 mil empleos de forma directa en el país. “Las 108 empresas que han mostrado interés, cada una genera entre 200 y 500 empleos”, remarcó.

Las zonas francas son espacios físicos en los que hay regímenes especiales de tributación y las compañías están exoneradas de impuestos, debido a que están enfocadas en las exportaciones de bienes y servicios.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) señaló que esta reforma podría generar que el Estado deje de percibir impuestos por 130 millones de quetzales.

EntreCultura 159

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