Un grupo de diputados entre ellos los que fueron electos por el partido Movimiento Semilla presentaron una iniciativa de ley que busca reformar el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, normativa con la que el juez Fredy Orellana a petición del Ministerio Público ha utilizado para lograr la suspensión del partido Movimiento Semilla.
Las acciones del MP y el Juez buscaban que el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidente Karin Herrera, no tomaran posesión a sus cargos, al igual que los diputados que eligieron por dicha agrupación política.
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El MP empezó la persecución penal en contra del partido político del presidente Bernardo Arévalo, amparada en el referido cuerpo legal. Sobre esa base, el juez Fredy Orellana autorizó la suspensión provisional de la personería jurídica de la agrupación.
La diputada independiente Andrea Villagrán –Semilla- explicó que la propuesta es para evitar la vulneración de los derechos de personas jurídicas, por lo cual se busca avanzar para fortalecer el Estado de derecho y la certeza jurídica.
“Pretendemos sentar un precedente para que en el futuro ninguna organización política pueda cancelarse de forma arbitraria, que no se pueda atacar la democracia por aquellos adversarios”, dijo Villagrán.
La diputada Andrea Villagrán, acompañada de nueve legisladores, en conferencia de prensa presentaron a Dirección Legislativa una iniciativa de ley que contiene reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada. pic.twitter.com/xZWgk9O4pP
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) February 20, 2024
Iniciativa busca reformar la Ley contra la Delincuencia Organizada
La iniciativa de ley establece que se suspenda provisionalmente la inscripción de las personas jurídicas con autorización judicial durante la substanciación del proceso penal, sus patentes, permisos y licencias extendidas legalmente, cuando se utilizaron para cometer cualquier hecho ilícito.
“Las disposiciones de este artículo no son aplicables a las personas jurídicas de derecho público sujetas a normativa específica, o bien, a leyes constitucionales. Tampoco es aplicable a las organizaciones políticas, las cuales para efectos de suspensión y/o cancelación se encuentran únicamente sujetas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos” quedó en la iniciativa.
