Los diputados del Movimiento Semilla, la bancada oficialista en Guatemala, presentaron este lunes una denuncia contra el juez penal Fredy Orellana, quien ordenó la suspensión del partido político la semana pasada.

Acusaciones de prevaricato y corrupción

Samuel Pérez Álvarez, líder de la bancada, informó que Orellana fue denunciado por prevaricato y otros delitos. El legislador calificó al juez como “criminal”, “mercenario” y aseguró que ha recibido sobornos millonarios por sus decisiones judiciales.

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“Lo que hizo fue un acto ‘kamikaze’, en el cual cometió varios delitos que no deben quedar en la impunidad”, afirmó Pérez Álvarez.

La decisión de Orellana, tomada sin permitir al partido defenderse o conocer las acusaciones, ha generado críticas nacionales e internacionales.

Contexto legal y sanciones

El juez Fredy Orellana fue sancionado en 2023 por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción. Estas sanciones incluyeron la revocación de su visado y la prohibición de ingreso al país norteamericano.

Según expertos legales y la Constitución guatemalteca, un juez penal no tiene autoridad para suspender un partido político. Esa decisión recae exclusivamente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad electoral.

“Un juez no puede hacer bajo ninguna circunstancia lo que hizo él. Es un recurso desesperado”, señaló Pérez Álvarez, quien calificó a Orellana como una vergüenza para el sistema judicial.

Persecución al Movimiento Semilla

Desde el triunfo del presidente Bernardo Arévalo de León en las elecciones de 2023, el Ministerio Público (Fiscalía) y Orellana han impulsado casos contra el Movimiento Semilla, como supuestas firmas falsas y presunto fraude electoral. Ambos carecen de sustento legal hasta el momento.

Estas acciones llevaron a Estados Unidos y la Unión Europea a sancionar a altos funcionarios de la Fiscalía, incluida la fiscal general Consuelo Porras Argueta.

Implicaciones de la suspensión

El Movimiento Semilla cuenta con 23 diputados de los 160 en el Congreso. La suspensión implica que el partido no pueda presidir el Parlamento ni mantener ciertos privilegios, limitando su influencia política.