Estados Unidos expresó este lunes su apoyo a Guatemala tras el asesinato de nueve policías ocurrido el domingo, atribuido a pandilleros. Los ataques surgieron como represalia después de que las autoridades retomaron el control de tres prisiones que registraron amotinamientos el sábado.
“El gobierno de los Estados Unidos condena la violencia perpetrada por organizaciones terroristas contra agentes de la Policía Nacional Civil y en las prisiones en Guatemala”, resaltó la embajada estadounidense en Guatemala mediante un breve mensaje.
Lee también: Autoridades realizan 17 allanamientos en busca de pandilleros
“La seguridad del pueblo guatemalteco y la estabilidad de nuestro hemisferio debe prevalecer. Reafirmamos nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad de Guatemala para frenar la violencia”, añadió la misión diplomática.
En el mismo pronunciamiento, subrayó que los pandilleros, a quienes clasificó como “terroristas”, y quienes “cooperen o estén vinculados con ellos” no tienen lugar en el hemisferio.
El gobierno de los Estados Unidos condena la violencia perpetrada por organizaciones terroristas contra agentes de la Policía Nacional Civil y en las prisiones en Guatemala. Estos terroristas, quienes cooperen o estén vinculados con ellos, no tienen lugar en nuestro hemisferio.…
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 19, 2026
Ataques y respuesta oficial
Los policías murieron el domingo en diversos puntos de la Ciudad de Guatemala. Presuntos integrantes de la estructura criminal Barrio 18 ejecutaron los ataques, según las autoridades. Actuaron en represalia tras la intervención estatal en tres centros penitenciarios.
La Policía Nacional Civil informó que al menos nueve presuntos sicarios ya fueron detenidos por su posible vínculo con los asesinatos.
Ante la ola de violencia, el presidente Bernardo Arévalo de León declaró el domingo por la noche un estado de sitio por 30 días. La medida permite a las autoridades realizar arrestos sin orden judicial.
Contexto de la pugna
El Gobierno de Arévalo de León mantiene una pugna con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha desde el año pasado. El conflicto se intensificó cuando el Estado trasladó a los cabecillas a la cárcel de alta seguridad Renovación I y cesó privilegios otorgados por administraciones anteriores.
