El Gobierno de Estados Unidos expresó este martes su respaldo a la reforma constitucional en El Salvador, que avala la reelección indefinida del presidente. Esto deja vía libre a Nayib Bukele para optar a un tercer mandato. Además, rechazó que se compare al país centroamericano con una dictadura.

“La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, declaró un portavoz del Departamento de Estado a EFE.

Lee también: El Salvador da primer paso para salir del Parlacen con histórica reforma constitucional

Agregó que Estados Unidos rechaza las comparaciones del proceso legislativo de El Salvador con regímenes dictatoriales. Afirmó que se trata de un proceso democrático y constitucionalmente sólido, distinto de “regímenes ilegítimos en otras partes de nuestra región”.

La reforma en El Salvador y la reacción internacional

La Asamblea Legislativa salvadoreña ratificó el pasado viernes una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, amplía el período presidencial a seis años (antes era de cinco) y elimina la segunda vuelta electoral.

Esta medida le abre la puerta a Bukele, ampliamente popular por su política contra las pandillas, a postularse para un tercer mandato consecutivo. Hasta ahora, no ha confirmado oficialmente si lo hará.

La oposición salvadoreña y organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), han criticado duramente esta reforma. Afirman que erosiona la democracia y busca perpetuar a Bukele en el poder, comparando el caso con Nicaragua y Venezuela.

Bukele defendió la reforma el domingo. Afirmó que la mayoría de países desarrollados permiten la reelección indefinida. Citó como ejemplos al Reino Unido, España y Dinamarca.

El Gobierno de Bukele ha sido uno de los principales aliados de la Administración de Donald Trump en América Latina. Durante ese período, acordaron el envío de migrantes irregulares a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, señalada por violaciones a los derechos humanos.