El presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidente Karin Herrera, miembros del Gabinete de Gobierno y autoridades indígenas ancestrales de Guatemala ofrecieron una conferencia de prensa. Durante el acto, rechazaron la criminalización ejercida por el Ministerio Público contra dos exdirectivos de los 48 Cantones y anunciaron la presentación de un amparo contra la fiscal general Consuelo Porras.

“La criminalización de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, así como de autoridades indígenas y de quienes defienden la democracia, es un ataque a todos los pueblos de Guatemala”, expresó Arévalo.

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El mandatario agregó: “Estos embates se suman al hostigamiento contra miembros del gabinete, mientras casos graves de corrupción y crimen organizado quedan en total impunidad. Afectan directamente la salud, la educación y el bienestar social del pueblo”.

Amparo contra fiscal general defiende los derechos de los pueblos indígenas

Arévalo informó que el Ejecutivo, mediante la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, presentó una acción de amparo contra la fiscal general. Este esfuerzo se coordina con autoridades indígenas, organizaciones civiles, academia, sector religioso y organismos internacionales.

“Al pueblo digno de Guatemala le decimos: estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia. Es momento de alzar la voz contra el abuso de estas herramientas para atacar a quienes construyen democracia y buscan el desarrollo para todos”, señaló el presidente.

También reiteró que su gobierno actuará dentro del marco legal y que respetará el orden constitucional, incluso en el proceso relacionado con la fiscal general Consuelo Porras.

Gobierno de Guatemala denuncia arbitrariedades del Ministerio Público

El amparo busca proteger a los pueblos indígenas ante la inobservancia de normas nacionales e internacionales que respaldan sus formas propias de organización social. Esta falta de reconocimiento pone en riesgo las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala.

Finalmente, el presidente instó a que la fiscal general respete el ejercicio legítimo de los liderazgos indígenas. También pidió que no se clasifiquen como actos terroristas las manifestaciones legítimas de protesta y libre expresión de los pueblos originarios.