Los enfrentamientos entre comunitarios y policías en El Estor, Izabal, dejó un saldo de 19 personas heridas; con base en estos hechos el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei decretó un estado de sitio y toque de queda.

El Gobierno informó en un comunicado de prensa que cuatro agentes fueron heridos “con arma de fuego”; y otros 15 “resultaron gravemente” lesionados “a manos de los manifestantes”, quienes portaban “piedras, machetes, bombas y otras armas de fuego”.

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Decenas de indígenas q’eqchi’ se mantienen en resistencia quienes se oponen a la explotación de la mina desde hace tres semanas; la mina, denominada Fénix es de capital ruso.

La empresa dueña de la mina es la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma rusa Solway Investment Group.

Los miembros de la comunidad indígena se encontraban a la orilla de la carretera desde hace 21 días en un campamento improvisado; esto con el fin de protestar contra el funcionamiento de la mina, pero en los últimos dos días han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad, con varios heridos, incluidas mujeres y niños, sin un número específico reportado al momento.

De acuerdo al Gobierno de Giammattei, los manifestantes son “un pequeño grupo de personas que se presume no residen en la zona” y han realizado “bloqueos” de carreteras.

PDH confiesa su preocupación por los enfrentamientos en El Estor

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó su preocupación por la represión policial a las comunidades indígenas; y dijo que la mina funciona “ilegalmente”.

“Desde 2019 la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) ordenó a CGN suspender la licencia de explotación minera, por no haber realizado consulta previa”, enfatizó Rodas.

Sin embargo, pese a la prohibición, Rodas aseguró que “el Gobierno de Guatemala”, que preside Alejandro Giammattei, “resguarda camiones de CGN” para su ingreso a la mina y a la vez las fuerzas de seguridad “reprimen a la población y periodistas”.

Bombas lacrimógenas

Desde el viernes cientos de agentes de la Policía Nacional Civil han atacado a las comunidades indígenas en resistencia; les lanzaron bombas lacrimógenas, según han denunciado diversas fuentes.

Los enfrentamientos en El Estor dejaron heridos y periodistas amenazados por algunos de los agentes; así detallaron el medio Prensa Comunitaria o políticos como el diputado de oposición Aldo Dávila, quien se encontraba en el lugar.

Los comunitarios pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel al carecer de estudios de impacto ambiental ni autorización de operaciones al no haberse realizado una consulta popular al respecto.