Galardonado en febrero como campeón anticorrupción por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- del Ministerio Público -MP-, Juan Francisco Sandoval, advierte que el país está en riesgo de una “dictadura” por el irrespeto a las resoluciones judiciales.

El fiscal expresó su preocupación, en una entrevista con Efe, por la decisión de algunos órganos como el Congreso de ignorar decisiones de la Corte de Constitucionalidad; máximo tribunal del país, como ha sucedido por diversos temas en al menos dos ocasiones en los últimos 12 meses.

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Sandoval asegura que “no estamos en una dictadura” aún en Guatemala. Subraya el peligro de que un ente como el Congreso insista en “no acatar resoluciones de un órgano”; un hecho que se interpreta “como si -el ente constitucional- no existiera, como si estuviera suprimido y eso” enfatiza, “es lo que ocurre en una dictadura”.

Que existan órganos que no escuchen o adopten las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad “es una muestra de la toma de la justicia” por parte de las mafias en Guatemala esgrime sosegado Sandoval en una entrevista en su despacho, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

Tercer país seguro

Las desobediencias a las decisiones jurídicas de la Corte de Constitucionalidad también se registraron por parte de la Administración de Jimmy Morales -2016-2020-; específicamente dentro de su ministerio de Interior y Relaciones Exteriores, con la firma del acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos.

La misma situación sucedió con la Corte Suprema de Justicia el año anterior. Esto cuando ignoró un fallo relacionado con la pérdida de inmunidad de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en julio de 2020.

“¿Cómo puede ser que un organismo del Estado va a decidir qué resolución escoge para ejecutar o cuál no? En un verdadero estado de derecho, aún adversas las resoluciones, si se encuentran firmes, hay que acatarlas”, replica el jefe de la FECI.

Juan Francisco Sandoval, Thelma Aldana e Iván Velásquez

Sandoval emprendió en 2014 una lucha anticorrupción en Guatemala de la mano de la fiscal del Ministerio Público en ese momento, Thelma Aldana. También del abogado colombiano Iván Velásquez, director también en ese momento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -Cicig-.

Las pesquisas comandadas por Sandoval, Aldana y Velásquez entre 2014 y 2019 destaparon docenas de casos de corrupción estatal. Imputaron a más de 200 personas entre ministros, funcionarios, empresarios. También a los expresidentes Otto Pérez Molina (2012-2015) y Álvaro Colom Caballeros (2008-2012).

Hoy, ya sin Aldana y Velásquez, el fiscal de 38 años y 14 de experiencia en el MP dice no estar solo en la lucha contra la impunidad en Guatemala porque cuenta con el apoyo de “la sociedad y la comunidad internacional”.

Sin embargo, afirma estar cada vez más preocupado por el avance de los grupos que enfrentó con la Cicig y que han dado paso a que se dejen de obedecer resoluciones cuando no son favorables para sus intereses.

Sandoval es premiado por Estados Unidos

El pasado 23 de febrero, Estados Unidos premió a Sandoval y a otros once líderes anticorrupción del mundo por sus respectivas labores.

El secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, aseguró que el premio entregado a Sandoval honra a quienes “han trabajado incansablemente, a menudo frente a la adversidad. Esto para defender la transparencia, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en sus propios países”.

Sandoval lideró al equipo que destapó el caso denominado La Línea en abril de 2015 y que terminó en el derrocamiento legal del expresidente Otto Pérez Molina. Dicho proceso, a criterio del fiscal, fue “el impulso para empezar a desenmarañar la red de corrupción y saber cómo operaba” un Estado que se mantiene “capturado”.

La lucha contra la corrupción vivió su tiempo de oro entre 2015 y 2018 con un proceso tras otro en una bola de nieve que implicó a todo el Gabinete de Pérez Molina. También alcanzó a algunos empresarios de segunda línea y, posteriormente, a la élite económica tradicional del país.

Para entonces, el desgaste de Cicig y de la exfiscal general Thelma Aldana, a quien no le permitieron participar en las elecciones de 2019, fue evidente.

“Los actores señalados -por la Comisión y la FECI- en la lucha anticorrupción, los que siempre han tenido privilegios en el país o hicieron la impunidad como su desarrollo de negocios y actividades, se recompusieron y han aprovechado esa fortaleza para tomar las instituciones estatales”, advierte Sandoval

Estas redes se “rearticularon”, cuenta Sandoval, y lo hicieron gracias a “fisuras del Estado”.

La madre de las batallas

Ahora, el objetivo de las mafias está en la conformación de la nueva Corte de Constitucionalidad. Cuyo proceso para renovarse está en marcha para que cinco nuevos magistrados tomen posesión para el período 2021-2026.

Dicha elección, al igual que la de la Corte Suprema de Justicia y 200 jueces de Apelaciones -estancadas desde 2019-, son claves para la lucha anticorrupción en Guatemala según la opinión de expertos.

La elección de magistrados de la CC “parece la madre de todas las batallas”, sugiere Sandoval.

“Se quiere imponer determinadas magistraturas para continuar con el esquema de privilegios. Y con esto revertir algunos logros que se han tenido en materia de lucha de corrupción e impunidad en Guatemala, pero veremos en qué culmina ese proceso porque hay muchísima tensión”, amplía.

Sandoval ha superado múltiples amenazas en su contra, temporadas de “exilio” de su hogar por precaución y también dos planes para asesinarlo. Uno de ellos fue gestionado por el político y excandidato presidencial Mario Estrada; quien fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico y condenado a 15 años de prisión.

El fiscal expresó que se siente orgulloso tras haber recibido el premio de EE. UU. como campeón anticorrupción, aunque en realidad el galardón “le pertenece al pueblo de Guatemala, que es la principal víctima de la corrupción”, concluyó.