Los políticos vinculados al narcotráfico y un posible fraude han marcado el inicio del proceso electoral en Guatemala, en medio de la apatía de la población por los comicios programados para junio próximo.

Desde que se abrieron las inscripciones el 25 de enero para participar en las elecciones guatemaltecas, los escándalos se acumulan mientras cae la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente a cargo de los comicios generales del próximo 25 de junio.

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“Estamos repitiendo cosas que ya hemos visto, y definitivamente ahora es peor que nunca”, advierte sobre el proceso electoral y la inscripción de candidatos la abogada María del Carmen Peláez, analista e investigadora de la organización Diálogos, en declaraciones a EFE.

La misma opinión externaba esta semana el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Mario Guerra Roldán. “Se ve clara esa falta de independencia y entre lo que fue y lo que es actualmente el TSE”, advertía el abogado en una emisora radial. “Me da pena una institución que tuvo tanta confianza de la población”, añadió.

Narcotráfico

El principal protagonista de los comicios, como ya lo advirtieron conocedores de la política guatemalteca, ha sido el narcotráfico, ya que hay al menos diez políticos vinculados al tráfico de drogas que han intentado ser inscritos para participar en las elecciones, y algunos lo han logrado.

Entre ellos se encuentra la diputada de la alianza oficialista Sofía Hernández, aliada del presidente Alejandro Giammattei, quien tiene dos hermanos acusados por el Departamento de Estado de Estados Unidos de pertenecer a la organización de narcotráfico denominada “Los Huistas”, que opera en el norte de Guatemala.

La misma suerte para competir por un espacio en el Congreso tiene Esduin Javier Javier, actual alcalde del municipio de Ipala, en el este del país. Javier Javier tiene un proceso penal abierto por sicariato y lo señalan de tener vínculos con el narcotráfico.

Por su parte, al excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien cumplió una pena por lavado de dinero para el narcotráfico en Estados Unidos, lo aceptaron inicialmente para participar como postulante para diputado en los próximos comicios.

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral tuvo que dar marcha atrás en su decisión sobre Baldizón ante la presión de diferentes actores políticos, incluida la cúpula empresarial.

De igual forma, la máxima autoridad electoral guatemalteca aceptó la participación de decenas de políticos que han estado sindicados en el país de lavado de dinero, tráfico de influencia y hasta homicidio, pese a que la ley establece la “idoneidad” para buscar cargos públicos.

En el listado también van cinco diputados que buscarán su reelección, pese a que Estados Unidos los acusó en los últimos años de corrupción y los sancionó con el retiro de sus visados para ingresar a la nación norteamericana.

Eliminar contendientes

En las elecciones de 2019, diversos políticos ligados a estructuras criminales evitaron a toda costa la participación de Thelma Aldana en los comicios de dicho año, por un supuesto reparo legal. Aldana, quien fungió como fiscal general y lideró una intensa lucha contra la corrupción entre 2014 y 2019, contaba con fuertes opciones de ganar la presidencia, de acuerdo con expertos.

Cuatro años después, la historia se repite con la decisión del Tribunal Supremo Electoral de vetar la participación del binomio del partido de izquierda Movimiento Por la Liberación de los Pueblos (MLP), integrado por la líder indígena Thelma Cabrera y su candidato a vicepresidente, Jordán Rodas, también por supuestos reparos legales.

Cabrera terminó las elecciones de 2019 en el cuarto lugar, con más de 400 mil votos, y para el proceso electoral actual contaba con amplias posibilidades de avanzar a una segunda vuelta.

Fraude electoral

“En Guatemala ya inició un fraude”, dijo la semana pasada Rodas a EFE desde España, y desde donde inició una gira por diversos puntos de Europa, junto a Cabrera, para denunciar que las autoridades electorales y las cortes guatemaltecas están “cooptadas”.

Pero no solo a Cabrera la descartaron del proceso electoral: sorpresivamente, en la última semana, el Ministerio Público guatemalteco ha intentado evitar la participación en los comicios del candidato presidencial de derecha Edmond Mulet, tercer lugar en 2019.

Según expertos, ambas decisiones tienen como objetivo allanar el camino para la candidata elegida por diversos grupos con poder en el país centroamericano, Zury Ríos Sosa, hija del exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).

A Ríos Sosa la inscribieron, por la alianza de derecha Valor-Unionista, en medio de señalamientos de tener una prohibición constitucional por un artículo que prohíbe que familiares de jefes de un golpe de Estado puedan postularse a la presidencia.

Esa norma no la tomaron en cuenta las autoridades electorales ni las cortes, pese a que ese mismo criterio le impidió participar en comicios anteriores, incluido 2019.

“La peor consecuencia es que se desgasta la democracia. Y la falta de certeza de quiénes van a participar en las elecciones genera erosiones sociales que podrían resultar en una conflictividad nunca antes vista”, advierte la analista Peláez.

Armas y promesas vacías

Las armas han sido otro protagonista del proceso electoral guatemalteco: Sebastian Arzú, candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala y nieto del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), publicó un video disparando fusiles de alto calibre, ofreciendo activar la pena de muerte y enviar el Ejército a las calles.

En Guatemala, un país con más de 60.000 homicidios en los últimos 13 años, son habituales las promesas electorales relacionadas con la seguridad, incluyendo la habitual intención de revivir la pena de muerte.

Mientras tanto, el próximo sábado se cerrarán las inscripciones de candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral, con 20 parejas presidenciales ya habilitadas para participar y 20.000 personas compitiendo por cargos públicos.

Bajo un ambiente de tensión y con los candidatos incómodos fuera del panorama, 9,4 millones de guatemaltecos están registrados para elegir el 25 de junio a su nuevo presidente, 340 alcaldes municipales, 160 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), para el período 2024-2028.