La Fiscalía General de la República -FGR- de El Salvador recibió entre los años 2014 y 2019 más de 22 mil denuncias de personas desaparecidas. El promedio diario fue de diez casos, según un estudio revelado este miércoles.

El documento “Desaparición de Personas en El Salvador”, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -Fespad-, da cuenta de las cifras. En ese lapso la Policía Nacional Civil -PNC- recibió 12 mil 495 denuncias, pero el dato de la FGR fue de 22 mil 307. “Pese a la falta de protocolos de registro y la dejadez con que la PNC y la Fiscalía abordaron los casos, los reportes de desapariciones han registrado un incremento progresivo desde el 2005”, señaló el estudio.

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De igual forma detalló que “en años recientes las cifras incluso superaron a la cantidad anual de homicidios”. También que el registro de personas desaparecidas es superior a las estimaciones durante la guerra civil (1980-1992) de entre 8 mil y 10 mil.

En el documento se lee además que “las víctimas más frecuentes de la desaparición son adolescentes y hombres jóvenes”. En el caso de las mujeres, aunque reportan menor incidencia, los registros policiales disponibles desde 2010 indican que “las niñas y mujeres desaparecidas representan entre el 30 % y 40 % de las víctimas”.

“Estos alarmantes datos debieron propiciar una respuesta eficaz del Estado desde hace más una década”, enfatizaron respecto al creciente uso de los cuerpos de las mujeres. Ese uso lo relacionan con disputas de poder territorial entre grupos criminales, pero también con posibles actividades del crimen organizado, como la trata de mujeres, apuntó la investigación.

Proponen ley para la búsqueda de personas desaparecidas

Fespad recomendó en el documento someter a discusión en la Asamblea Legislativa una “Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas”. Así como seguir los “estándares internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario”.

“Esta normativa debería regular además los mecanismos y estrategias de búsqueda inmediata y posterior que deben llevar a cabo las instancias del Estado. Es fundamental que esta ley reconozca los derechos de los familiares de personas desaparecidas por la violencia actual, el conflicto armado y por razones migratorias”, subrayó.

Aunque la mayoría de desapariciones son atribuidas a las pandillas, el estudio advierte de otra línea. Se trata de la posible participación de los miembros de las fuerzas de seguridad y otras relacionadas con la violencia machista.

Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en el país y que trabaja para la Fiscalía, ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino.

EntreCultura 155

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