La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) rechazan los intentos del Ministerio Público de criminalizar la libertad de expresión a través de la Ley contra la Delincuencia Organizada y que la legítima labor de los periodistas y medios de comunicación no debe verse amenazada por ningún motivo.
Los pronunciamientos se dan por dos acciones. La primera por la captura de connotables profesionales que rechazaron la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos. Además, los señalan de los destrozos que hay en dicha casa de estudios. Mientras que la segunda acción es por el requerimiento de información a la plataforma X, antes Twitter, sobre cuentas de medios de comunicación y periodistas.
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La Cámara Guatemalteca de Periodismo exige que se respete la libre expresión, un derecho que “no debe limitarse por leyes o disposiciones gubernamentales”. Mientras que la APG comenzará con una campaña a nivel nacional de defensa de la libertad de expresión. Esto con la participación de asociaciones departamentales y medios de comunicación, entre ellos radios, canales de cable, medios digitales, redes sociales y programas culturales.
También invitan a la población a expresarse por todos los medios. Además, el 30 de noviembre, participar a las 6 de la tarde en el “cacerolazo” por la libertad de expresión frente a su casa, plazas públicas, bocinazos y sonar campanas en todas las iglesias.
Diálogo constructivo
La CGP invitó a la reflexión y al diálogo constructivo. Esto sin perder de vista que la capacidad de expresarnos es el cimiento de nuestra libertad y un indicador de la salud de nuestra sociedad.
“La Cámara Guatemalteca de Periodismo reafirma su dedicación inquebrantable a los principios de la libre expresión, un derecho fundamental establecido en el artículo 35 de la Constitución de nuestra República. Este derecho es el pilar de la democracia, asegurando que todas las voces puedan ser escuchadas sin temor a censura o acciones punitivas”, añade el documento.
El comunicado agrega: “es nuestro deber recordar a las autoridades que la libre emisión del pensamiento es un derecho que no debe ser limitado por leyes o disposiciones gubernamentales. Cualquier acción que contravenga este precepto es motivo de preocupación y requiere de nuestra atención y voz colectiva”.
“Expresarse libremente no es un acto delictivo, sino un ejercicio de nuestra ciudadanía. Lo que implica un irrestricto respeto por el debido proceso y las garantías judiciales de cada individuo”, dice el comunicado.
