La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación que abrió tras una denuncia contra Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021. La decisión se fundamenta en la falta de jurisdicción y de competencia de los tribunales españoles. Los hechos denunciados habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas.
El ministerio público dictó un decreto, conocido este viernes, en el que concluye que no se cumplen los requisitos legales para que la Justicia española investigue la denuncia. Dos ex empleadas acusaron al cantante de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.
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La Fiscalía explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige varias condiciones. Entre ellas, que el denunciado sea ciudadano español, que no exista un procedimiento abierto en el país donde ocurrieron los hechos o ante un tribunal internacional, y que haya una conexión material con España. Esta conexión puede darse, por ejemplo, si las víctimas son españolas o residentes en el país.
Sin embargo, el decreto precisa que las víctimas son extranjeras y no residen en España. Además, los hechos se atribuyen a países plenamente competentes. Los denunciados —Julio Iglesias y otras dos personas— no residen en España y poseen nacionalidades distintas.
La Fiscalía sostuvo que el criterio decisivo es la existencia de un vínculo relevante con España, algo que no concurre en este caso. Los hechos no ocurrieron en territorio español y ninguna de las partes se encuentra en el país.
Criterios jurídicos y alcance del archivo
El decreto también señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide que España desplace la jurisdicción del Estado primariamente competente. Solo cabría hacerlo si se acredita una imposibilidad real o una falta de voluntad para investigar. Según la Fiscalía, esa situación no se da, porque no se denunciaron los hechos en los países territorialmente competentes.
Las acusaciones afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta. Ambas aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes y registros de llamadas para respaldar sus señalamientos. Las denuncias incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales.
Las dos mujeres presentaron la denuncia el 5 de enero. Días después, el 16, la Fiscalía les otorgó la condición de testigos protegidos. La organización Women’s Link Worldwide asumió su representación.
La apertura del caso se conoció el mismo día en que una investigación periodística recogió los testimonios de ambas denunciantes. Los relatos describían presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones ocurridas en 2021, cuando el cantante tenía 77 años.
Una de las empleadas situó los hechos en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. Aseguró que las obligaban a realizarse pruebas médicas, incluidas revisiones ginecológicas, tests de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.
Reacción del cantante
Julio Iglesias negó las acusaciones. Publicó un comunicado en su perfil de Instagram en el que afirmó que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.
El cantante intentó personarse en la investigación para acceder al contenido de la denuncia. La Fiscalía rechazó su solicitud.
Iglesias afirmó que la denuncia le causó un “grave daño reputacional”. Más tarde, difundió mensajes que, según indicó, recibió por WhatsApp de las trabajadoras denunciantes. Con esas publicaciones, buscó respaldar su inocencia.
