La excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-, Sandra Torres, continuará con las medidas de coerción impuestas por la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez. La juzgadora no atendió la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, que buscaba que regresara a prisión preventiva.

Durante la audiencia, la jueza no aceptó las pruebas presentadas por la FECI. Argumentó que el ente investigador no podía comprobar que Torres mantuvo comunicaciones con otros actores políticos del partido UNE. Por otra parte, la defensa de Torres solicitó a la jueza Domínguez levantar la prohibición de no poder reunirse con otros miembros de la agrupación política, pero Domínguez también rechazó la petición.

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La jueza dejó las mismas medidas de coerción y como las que ordenó la jueza de Mayor Riesgo “E”, Eva Recinos, cuando conoció el caso el año pasado. Estas son: arresto domiciliario, con derecho de movilizarse dentro del departamento de Guatemala; acudir al Ministerio Público a firmar el libro de asistencia semanalmente; prohibición de comunicarse con otros sujetos procesados y reunirse en actividades políticas del partido UNE.

Torres tiene prohibido reuniones políticas

En la argumentación, la jueza recordó a Torres que ella se encuentra ligada a proceso penal, por lo cual tiene prohibido asistir a reuniones políticas y le advirtió que de desobedecer será enviada a prisión preventiva.

“En cuanto asistir a reuniones políticas, está terminantemente prohibido”, dijo la juzgadora. “No puede comunicarse señora procesada…ni con coimputados ni con testigos”, enfatizó Domínguez.

Asimismo le reiteró: “Usted está sujeta a un proceso penal, a cualquier lugar que usted se quiera movilizar de la República de Guatemala, lo tiene que solicitar al juez competente”, le advirtió la jueza.

Y agregó: “Aquí los permisos se pueden realizar ante juez competente. Usted tiene que seguir un procedimiento, señora. No puede hacer lo que usted quiera”, enfatizó Domínguez.

La excandidata presidencial es señalada por la FECI en el caso Financiamiento UNE. Específicamente por no declarar Q27 millones al Tribunal Supremo Electoral -TSE-, durante la campaña de 2015, en su calidad de secretaria general.