El exdiputado Estuardo Galdámez, vinculado al caso Asalto al Ministerio de Salud, podrá salir de la cárcel, luego de año y medio de permanecer en prisión preventiva, gracias a la resolución emitida por el juez suplente del Juzgado de Mayor Riesgo D, Edwin Ramírez.

Luego de analizar las peticiones tanto de la defensa de Galdámez como la del Ministerio Pùblico, juzgador determinó que era prudente otorgarle la libertad condicional. Esta consiste en arresto domiciliar sin vigilancia dentro del departamento de Guatemala y prohibición de salir del país sin autorización judicial. También prohibición de hablar con coimputados y el pago de una caución económica de Q100 mil.

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Ramírez explicó en su resolución que a su criterio quedaban desvanecidos los peligros de fuga y de intervención en la averiguación de la verdad.

En el caso de la fuga, el juez afirmó que aunque este no fue ubicado en su residencia al momento de realizar los allanamientos, y que incluso el día de su captura, Galdámez pretendía evadir a la justicia utilizando un nombre de origen alemán, el sistema MI3 de la Policía Nacional Civil permitió su identificación, además de asegurar que existía un documento previo a la detención donde se aseguraba que este se ponía a disposición del juzgado a la espera de una fecha para audiencia de primera declaración.

Galdámez contaba con posibles documentos falsos

Por su parte, el Ministerio Público se había opuesto a la medida porque aseguró que en los allanamientos en su residencia se ubicaron documentos de Interpol posiblemente falsos, lo cual determinaba que el exdiputado tendría la facilidad de obstaculizar la investigación en su contra, pero el juez determinó que no se comprobó que tales documentos eran falsos además de aseverar que la Fiscalía ya entregó la investigación por la cual se debe discutir si Galdámez debe o no enfrentar juicio.

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Tráfico de influencias

Galdamez fue detenido en Villa Nueva la noche del 23 de diciembre de 2020, por su presunta vinculación al caso Asalto al Ministerio de Salud. Se le señala de supuestamente haber presionado al difunto exministro de salud, Jorge Villavicencio, para que este le otorgara plazas a conocidos suyos. Estos sin que se presentaran a laborar, pero si cobraran por los supuestos servicios brindados.

Aún se espera que se fije una fecha para llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia.

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