El exparlamentario guatemalteco Antonio Fernando Arenales Forno falleció este miércoles 5 de noviembre de 2025, a los 74 años. La noticia fue confirmada por el Congreso de la República de Guatemala mediante un mensaje oficial de condolencias emitido por su Junta Directiva.

Arenales Forno nació el 18 de mayo de 1951 y estudió Derecho en la Universidad de Navarra, España. Durante su trayectoria profesional trabajó en el Organismo Judicial de Guatemala como oficial, secretario y juez.

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Trayectoria legislativa y diplomática

Fue miembro de la Asamblea Constituyente que aprobó la actual Constitución Política de la República. También integró la comisión encargada de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Más adelante, desempeñó cargos diplomáticos como embajador de Guatemala ante la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo.

En el ámbito legislativo, formó parte del Congreso de la República con el partido Valor. Allí integró y presidió varias comisiones, entre ellas la de Derechos Humanos.

En años recientes, también ocupó el cargo de Secretario de la Paz (SEPAZ) durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Asimismo, fue representante de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Labor política y controversias

Durante su carrera pública, Arenales Forno impulsó varias iniciativas legislativas, entre ellas la reforma a la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte y la Ley de Prevención de la Violencia en el Sistema Educativo Público.

En su papel diplomático y dentro de los organismos de paz, participó en las negociaciones para el fin del conflicto armado interno.

En su paso por la política, también fue objeto de críticas por sus posturas en materia de derechos humanos. Según diversos análisis, promovió la amnistía para militares acusados de crímenes de guerra. Además, defendió ante la CIDH la postura del Estado que negaba la existencia de genocidio en el conflicto armado.

Su designación como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso generó controversia entre activistas y defensores, quienes consideraron que dicha decisión afectaba la independencia del organismo legislativo.