La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió este martes que la inseguridad alimentaria en Guatemala se agravará en el corto plazo. Ante este escenario, solicitó 11.8 millones de dólares para asistir a comunidades rurales afectadas por la pobreza y los eventos climáticos extremos.
El organismo presentó la solicitud durante el lanzamiento de su Plan de Emergencia y Resiliencia 2026-2028. La estrategia busca responder a un contexto marcado por crisis alimentarias recurrentes y una alta vulnerabilidad social.
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De acuerdo con proyecciones de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), durante el primer trimestre de 2026 más de 3 millones de personas, equivalentes al 16 % de la población, enfrentarán inseguridad alimentaria de Fase 3 o superior, considerada una situación grave.
Riesgo en el Corredor Seco
El plan pone especial énfasis en el denominado Corredor Seco, una región donde la transición de condiciones semiáridas a áridas amenaza la agricultura familiar. Según la FAO, este cambio climático podría profundizar la pérdida de medios de vida.
El documento subraya que la creciente frecuencia de sequías e inundaciones compromete la producción agrícola. Esta situación obliga a miles de familias a migrar debido a la degradación de los suelos y a la pérdida constante de cosechas.
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Estrategia de atención y resiliencia
Para mitigar el impacto, la FAO planea atender durante tres años a 18,500 hogares, lo que equivale a unas 92,500 personas. El enfoque combina ayuda humanitaria con acciones de desarrollo sostenible.
El plan se concentra en dos regiones con altos desafíos climáticos y sociales: el Corredor Seco y el Valle del Polochic y Sur de Petén. En estas zonas, la pobreza multidimensional y la exclusión territorial presentan mayores niveles.
Entre las metas principales destacan la implementación de acciones anticipatorias frente a sequías e inundaciones, la entrega de semillas mejoradas, sistemas de cosecha de agua y transferencias monetarias. Estas medidas buscan evitar el agotamiento de los activos productivos de los hogares más vulnerables.
