Este día se entregaron a la justicia cinco personas que participaron en la fiesta clandestina celebrada en la Mueblería O3, ubicada en Condado Concepción, el pasado viernes 12 de junio en pleno toque de queda. Cuatro de ellos quedaron ligados a proceso. 

Los que se entregaron a la justicia fueron Gabriel Quiñónez Arzú, Daniel Zarco, Augusto Morales, Ricardo Coba y Christian Wandel. Todos llegaron voluntariamente al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, adjudicatura que conoce el caso.

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Posteriormente, durante la audiencia de primera declaración, a los sujetos se les imputó el delito de contravención de las medidas sanitarias.

La jueza Virginia de León ligó a proceso penal a Quiñónez Arzú, Zarco, Coba y Wandel, y les fijó fianza de Q7 mil. En el caso de Morales, representante legal de la mueblería, se le dictó falta de mérito.

Fiesta clandestina: Otras personas que enfrentan proceso

El pasado sábado 4 de julio, las autoridades llevaron a cabo la primera diligencia de allanamiento donde logró la aprehensión de seis personas, entre ellas, el propietario de la mueblería y organizador de la fiesta clandestina, Gabriel Recinos Jo.

Los detenidos en esa oportunidad fueron: Gabriel Recinos Jo, Yeraly Márquez, Roberto Chub, René Cho, Abel García y Carmen Cosette de Recinos, esposa del propietario del negocio.

De ellos, solo Carmen Cossette de Recinos recibió falta de mérito, al resto los ligaron a proceso, pero recibieron medidas sustitutivas como arresto domiciliario.

Los capturados al inicio del presente mes deben enfrentar proceso por delitos como encubrimiento propio y contravención de las medidas sanitarias.

Fiesta con graves consecuencias

Cuando Guatemala estaba en pleno confinamiento total de un fin de semana para contrarrestar el contagio del coronavirus, los integrantes de la Mueblería O3 llevaron a cabo una fiesta prohibida.

En la misma participaron menores de edad, no se respetó las restricciones gubernamentales, como el toque de queda; además, no se respetó el uso de mascarilla mucho menos el distanciamiento social.

Asimismo, se reveló que los agentes de la Policía Nacional Civil -PNC-, que acudieron a las instalaciones de la mueblería ubicada en carretera a El Salvador no actuaron apegados a la ley, y existe una investigación contra ellos.

Por último, el ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, explicó que una alta autoridad de la PNC había dado la orden de no realizar las detenciones ese día. Más adelante, sin mayor explicación, el director general de la Policía, Ervin Mayén, fue destituido de su cargo.

 

 

 

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