Por medio de una carta enviada al presidente de la República, Alejandro Giammattei, el Ministerio Público ha hecho saber que la Fiscal General, Consuelo Porras, está en la disponibilidad de sentarse a la mesa de diálogo y buscar consensos con los manifestantes que exigen su renuncia.
Sin embargo, en la carta firmada por el secretario general del ministerio, Ángel Pineda, se indica que se solicitan ciertas condiciones para que dicho diálogo se pueda dar.
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“Tanto la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, como los demás fiscales a los cuales las Autoridades Ancestrales han pedido la renuncia, se han visto amenazados tanto en las redes sociales como en sus respectivas residencias, por distintos grupos de manifestantes, debiéndose contar, en consecuencia, con las respectivas garantías de seguridad para poder atender la reunión, las cuales hasta el momento no están dadas”, específica la carta.
Por tal razón, el Ministerio Público pide las siguientes condiciones para que el diálogo se dé:
- Que la reunión sea en la sede central del Ministerio Público
- Que se garantice el acceso y egreso permanente de funcionario y trabajadores a la sede central
- Permitir el ingreso del personal a otras sedes que podrían haber sido “tomadas”
- Fijar una fecha de la próxima semana para realizar la reunión
Con esta respuesta, ahora se espera la respuesta de los representantes de los líderes indígenas, presidente y comisión mediadora de la Organización de Estados Americanos, para determinarse si dicho diálogo se puede dar.
CSJ accede a diálogo
Por su parte, en horas de la tarde, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sostuvieron una reunión con la comisión mediadora y representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, donde recibieron un pliego de peticiones de los manifestantes, entre los que se encuentra la solicitud de renuncia al juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana.
En una reunión que duró al menos 3 horas, las autoridades del Organismo Judicial informaron que el pliego fue recibido y se indicó que estaría siendo elevado al pleno de la Corte para que estos en conjunto analicen las peticiones y tomen una decisión al respecto; sin embargo, no se fijó una fecha para recibir respuesta a las mismas.
