La Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), en nombre del Consejo de Fiduciarios, emitió un comunicado en el que hacen un llamado al Ministerio Público (MP) u al Organismo Judicial (OJ) a respetar la voluntad popular expresada mediante el voto y apoyar con sus acciones el fortalecimiento de las instituciones y el estado de Derecho. 

FUNDESA señala que según el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que a los únicos que les compete la verificación y calificación de la documentación electoral es al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a las Juntas Electorales Departamentales, conforme a las atribuciones que le establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos, como únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral.

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Además, señalan que abrir las cajas electorales sin la presencia y custodia del Tribunal Supremo electoral atenta contra el modelo electoral. A pesar de que el TSE ya haya oficializado los resultados de la segunda vuelta electoral.

Consideran que el MP puede realizar las investigaciones, según le confiere la ley. Esto siempre respetando los aspectos jurisdiccionales y las garantías procesales y jurídicas, acorde a su estricto mandato.

Allanamientos

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a través del fiscal Rafael Curruchiche, allanó la sede del Registro de Ciudadanos y del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), del Parque de la Industria. Estas acciones llevaron a que cajas electorales fueran abiertas y las cuales contienen los votos emitidos para la elección de presidente, diputados y alcaldes municipales.

Desde que el académico progresista Bernardo Arévalo de León, ahora presidente electo de Guatemala, avanzó al balotaje, la Fiscalía y el juez penal Freddy Orellana emprendieron acciones judiciales para intentar cancelar su partido, el Movimiento Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas durante su proceso de creación.

De acuerdo con la presidenta Palencia, el tribunal electoral emprenderá acciones legales contra la Fiscalía por violentar la cadena de custodia del voto.