El presidente Alejandro Giammattei, busca instalar una “agenda” de impunidad estatal, según el abogado Alejandro Rodríguez; el profesional además es investigador de la organización no gubernamental Impunity Watch Guatemala.
“Se quiere instalar la impunidad en el país. Esa es la agenda que tiene el presidente”, afirmó Rodríguez en referencia a Giammattei, quien este viernes cumple dos años como mandatario.
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El abogado y defensor de los derechos humanos indicó en declaraciones a Efe que la actuación del Gobierno le genera una “profunda preocupación” a dos años de que concluya la Administración de Giammattei.
“En balance, lo que uno mira es un retroceso muy grave, además de impunidad absoluta”, añadió el jurista de Impunity Watch Guatemala.
Dichos retrocesos, en opinión de Rodríguez, con una amplia experiencia en el sistema judicial guatemalteco, han dejado un país a la deriva en materia de derechos humanos por la debilitación de diversas entidades.
⚠️Another threat to justice and rule of law in #Guatemala.
— Impunity Watch (@ImpunityWatch) January 14, 2022
We condemn the new request for a preliminary ruling against Judge Erika Aifán. @MPguatemala: Stop prosecuting independent judges and focus on prosecuting criminals. pic.twitter.com/W3TUeiLw1V
El investigador de Impunity Watch mencionó, por ejemplo, los nexos entre Giammattei y la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Consuelo Porras, que provocaron la remoción en julio pasado del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.
El control de Giammattei
Dicha remoción de Sandoval, quien encarceló a más de 200 funcionarios y empresarios por corrupción en el último lustro, provocó que Estados Unidos sancionara en septiembre a Porras públicamente con la prohibición de ingresar a su territorio.
Rodríguez resaltó que Giammattei “maneja y manipula” las actuaciones de Porras, lo que ha “propiciado un debilitamiento” del Ministerio Público.
“Giammattei ha utilizado a la fiscal general como su marioneta para que no se le persiga penalmente (al mandatario)”, añadió el abogado.
Gobierno mantiene el control del Congreso y Ministerio Público
De igual forma, según la visión de Impunity Watch Guatemala, el Gobierno de Giammattei mantiene bajo su control al Organismo Ejecutivo y al Ministerio Público; esto entre otros aparatos estatales de importancia.
Además, el presidente “de alguna manera ha sido decisivo” para evitar la renovación de la Corte Suprema de Justicia y de casi 200 jueces; una designación que debió llevarse a cabo en 2019 en el Congreso y que se mantiene archivada en el mismo Parlamento.
“Han pasado dos años desde que terminó su mandato y el Congreso no elige a los substitutos como es su obligación. Pero hay que recordar que Giammattei mantiene el control de las bancadas que están en el mismo Congreso”, subrayó.
Dicha estrategia, apunta, busca “perpetuar a los actuales magistrados de la Corte de Justicia” para consolidar la “impunidad”; y de paso “lograr la persecución penal contra varios jueces independientes” como Pablo Xitumul o Erika Aifán, quienes manejan tribunales de alto riesgo.
Precisamente este jueves el Ministerio Público solicitó un retiro de inmunidad contra Aifán en un caso de alto impacto que analiza los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020.
As part of our European lobby campaign, Guatemalan justice leaders met with MEP Javier Nart from @RenewEurope.
— Impunity Watch (@ImpunityWatch) January 13, 2022
It was great to hear solidarity and support for our cause to fight #impunity, and protect the rule of law and judicial independence in #Guatemala. pic.twitter.com/8Kyvpc8Dqq
Aifán ha sido ampliamente reconocida en el extranjero por su labor y “se encuentra bajo asedio con antejuicios lanzados por jueces que están siendo investigados”, concluyó.
Giammattei fue elegido en 2019 para un período de cuatro años, que inicio el 14 de enero de 2020 y que culminará el mismo día en 2024.
La organización Impunity Watch Guatemala, oficina de Impunity Watch a nivel mundial, ha acompañado diversos procesos judiciales en derechos humanos en la última década en Guatemala; incluido el apoyo este mes a 36 mujeres indígenas. Ellas acusan en debate oral y público a cinco paramilitares de abusos sexuales durante el conflicto armado interno (1960-1996).
