El Ministerio de Gobernación a través del Sistema Penitenciario adjudicó el arrendamiento de 3 mil brazaletes electrónicos para privados de libertad por Q244.1 millones. Esta adjudicación se hizo a la empresa Innova Outsourcing, Sociedad Anónima que presentó la oferta más elevada.

Esta medida se creó para evitar el hacinamiento en los centros carcelarios del país. La decisión quedará a criterio de cada juez, es decir, personas señaladas en casos de corrupción podría recuperar su libertada. Sin embargo, el uso del brazalete electrónico también se pensó para los casos de violencia contra la mujer.

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El concurso fue habilitado en abril y fue adjudicado el viernes 4 de junio. Esto se hizo a través del portal Guatecompras bajo la modalidad de adquisición competitiva.

Ley para implementar brazaletes electrónicos

En 2016, el Congreso de la República aprobó la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal. Dicha ley crea el Centro de Control Telemático, el cual tendrá a su cargo la vigilancia de los sujetos portadores del dispositivo de control.

Esta ley señala que el juez puede decretar arresto domiciliario -que consiste en no salir de un departamento- o arresto domiciliar -no salir de una vivienda-. Si esta persona incumple esta medida será llevado a prisión.

Asimismo, el juez puede delimitar el ámbito geográfico de locomoción de la persona portadora del dispositivo telemático. Podrá ser usado para fijar los lugares o las personas a las que no puede acercarse el portador del dispositivo telemático.

Dicho reglamento señala que comete el delito de destrucción de dispositivos de control telemático quién destruyere, alterare, retirare o evadiera el dispositivo. La persona será sancionada con prisión de cinco a diez años y multa de Q24 mil a Q50 mil.