Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se refirió a la reciente compra de 10 mil pistolas para la Policía Nacional Civil (PNC), una adquisición que ha generado críticas tanto en redes sociales como en la Contraloría General de Cuentas. Acompañado del director general de la PNC, David Custodio Boteo, el funcionario afirmó que el proceso es legal, justificado y parte de una política de largo plazo.
Jiménez aseguró que el Estado tiene la obligación de dotar a sus fuerzas de seguridad con equipo moderno, especialmente frente a organizaciones criminales como maras y narcotráfico, que disponen de armamento sofisticado. “No es un lujo. Es una necesidad frente al crimen organizado que cada vez se fortalece más”, expresó.
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Estandarización del equipo y respaldo legal
El ministro explicó que la adquisición se enmarca en una política de estandarización de armamento policial iniciada en 2015. Actualmente, más del 80 % de las armas de la PNC son de la marca Beretta, calibre 9 mm. Esto, según Jiménez, permite entrenamiento uniforme, mayor eficiencia operativa y compatibilidad entre repuestos, lo cual es crucial en situaciones de riesgo.
“La vida de un agente puede depender de que su compañero le pase una tolva compatible en medio de un tiroteo”, afirmó. Indicó que otros países como México, Colombia y República Dominicana ya adoptaron políticas similares.
En cuanto al procedimiento de adquisición, Jiménez explicó que se utilizó la figura de proveedor único, permitida por el artículo 43, inciso C de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando solo un proveedor puede ofrecer el producto requerido. Aunque la Contraloría emitió observaciones técnicas, el ministro afirmó que están solicitando cinco días adicionales para responder con un análisis conjunto.
“No se favorece a ningún proveedor. El proceso será completamente transparente y conforme a la ley”, reiteró.
La PNC necesita equipo funcional, no marcas
El director de la PNC, David Custodio Boteo, respaldó al ministro y subrayó que los agentes enfrentan estructuras criminales bien armadas mientras trabajan con recursos limitados. Detalló que este año se espera la graduación de más de 3 mil agentes, y otros 3 mil 500 se encuentran en formación. Esto demanda una inversión urgente en equipo, incluyendo armas cortas, chalecos, vehículos y tecnología.
“Lo que necesitamos es equipo que funcione en condiciones reales, no cambiar de proveedor por presión. Se trata de proteger la vida de nuestros agentes”, dijo Boteo.
Jiménez añadió que de tres empresas que mostraron interés, solo una cumplió con todos los requisitos técnicos. Una no presentó referencias y otra solo envió una carta incompleta. Por lo tanto, la selección fue por descarte técnico.
Finalmente, anunció que próximamente se abrirá otro proceso para adquirir armas largas, sin estandarización, pero bajo criterios estrictamente técnicos. Cerró su intervención reiterando el compromiso del Gobierno: “Nuestro deber es equipar a la PNC para proteger a los guatemaltecos. No retrocederemos en ese objetivo”. [AGN]
