El presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Educación, Anabella Giracca, informaron que presentaron una inconstitucionalidad parcial ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra siete artículos del pacto colectivo vigente entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
Según el Gobierno, los artículos impugnados comprometen la rectoría del Mineduc y contradicen el marco legal establecido en la Constitución. La acción legal se dirige únicamente contra partes específicas del pacto vigente, y no afecta el proceso actual de negociación colectiva.
Lee también: Óscar Montt, excandidato a diputado, sentenciado por delitos de narcotráfico
“El aumento se otorgó porque no podíamos seguir postergándolo, pero algunos aspectos no son legales. Por eso presentamos esta acción. Ahora está en manos de la justicia constitucional”, explicó Bernardo Arévalo.
Por su parte, la ministra Anabella Giracca recalcó que los artículos señalados interfieren con las funciones legales del ministerio. Ademá, aclaró que la acción no afecta el pacto colectivo en negociación, solo el vigente.
El presidente @BArevalodeLeon y la ministra @chatagira confirmaron que ayer fue puesta la inconstitucionalidad en contra del pacto colectivo del STEG vigente. La acción fue contra 7 artículos. @Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/82Ssz15RgP
— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) May 7, 2025
Gobierno alega que el pacto colectivo invade funciones del Mineduc
La Procuraduría General de la Nación (PGN) argumentó que algunos artículos del pacto colectivo permiten que personas ajenas a la titular del ministerio tomen decisiones que le corresponden de forma exclusiva.
“No es jurídicamente viable que se delegue la función pública a personas que no estén expresamente autorizadas por la ley. La ley no permite que mediante una negociación colectiva se otorgue autoridad administrativa a terceros”, indicó la PGN.
La acción se presenta una semana después del anuncio presidencial de un aumento salarial del 5 % para los docentes a partir de junio de 2025, así como Q400 adicionales para el personal administrativo y un incremento de Q500 en los bonos únicos de junio y diciembre.
El Gobierno espera que la Corte de Constitucionalidad evalúe la legalidad de los artículos cuestionados y garantice que las decisiones administrativas se mantengan dentro del marco legal vigente. El conflicto se centra en el equilibrio entre los derechos laborales y la autoridad institucional del Mineduc.
