“El mayor fraude fiscal de los últimos tiempos en nuestro país”, calificado así por el presidente Bernardo Arévalo, no ha pasado desapercibido para el Organismo Ejecutivo, pues el mismo jefe de Estado anuncia medias a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).

A decir del presidente, el caso denunciado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), puso en evidencia una estructura diseñada para asignar contratos con el Estado con el objetivo de evadir impuestos y producir un enorme daño a las finanzas y servicios que brinda el Estado.

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“La estructura del caso B410 fue diseñada y ejecutada durante el gobierno anterior con el fin de enriquecer a unos pocos; en esencia, confirma y comprueba lo que hemos señalado la corrupción fue el sistema operativo del estado en ese momento fueron tan insaciables los amigos de lo ajeno que querían la corrupción libre de impuestos”, agrega el mandatario.

Abogado del Estado contra el caso B410

Julo Saavedra, titular de la PGN, explica que esa entidad ya ha tomado medidas internas y externas. La primera tiene que ver con un análisis jurídico de cada uno de los contratos con entidades estatales, tanto legal como administrativo. Externamente, la PGN ha estado presente en la audiencia, dado que el Estado es la parte agraviada.

“En vez de estar investigando casos por pantallazos o enfocando sus capacidades en hostigar y criminalizar a quienes consideran sus enemigos políticos; el Ministerio Público tiene la responsabilidad con el pueblo de Guatemala de perseguir a los implicados que le han provocado”, añadió Arévalo.