El Gobierno decretó este martes prorrogar por 30 días más el estado de calamidad en seis departamentos del país; esto debido a los efectos de los huracanes Eta e Iota en noviembre, que dejaron 60 fallecidos y 100 desaparecidos.

El Organismo Ejecutivo ordenó la prórroga mediante el Decreto Gubernativo 22-2020. El mismo se publicó este martes en el diario oficial, dando así continuidad al estado de calamidad establecido inicialmente el 5 de noviembre.

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El Gobierno que preside Alejandro Giammattei dictaminó la medida ya que los “efectos ocasionados” por Eta “aún persisten” en una parte del territorio guatemalteco.

Los departamentos donde se ordenó la prorroga del estado de calamidad son Chiquimula, Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Petén, ubicados en el este y el norte de Guatemala.

El Decreto 22-2020 tendrá que ser ratificado en un plazo de tres días por el Congreso, donde la agrupación política de Giammattei, VAMOS, cuenta con mayoría parlamentaria.

Inicialmente el Gobierno de Giammattei había decretado el estado de calamidad el 5 de noviembre en diez departamentos; sin embargo, para la ampliación de este martes dejó fuera a El Progreso, Jutiapa, Santa Rosa y Huehuetenango.

Tormentas Eta e Iota dejaron enormes secuelas en Guatemala

Los huracanes Eta e Iota azotaron Centroamérica durante las primeras dos semanas de noviembre. Provocaron lluvias e inundaciones que dejaron 60 fallecidos y 100 personas desaparecidas; la mayoría de ellas en Quejá, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, donde alrededor de 150 viviendas quedaron soterradas.

Eta e Iota afectaron en Guatemala a 2,1 millones de personas, incluidas 274 mil evacuadas; principalmente en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, donde hay poblados aún bajo el agua.

Los dos fenómenos meteorológicos dañaron al menos 72 mil viviendas, 21 carreteras, 340 escuelas y 40 puentes. Además de generar pérdidas millonarias por la destrucción de cultivos.

De acuerdo a la ley guatemalteca, el estado de calamidad habilita al Gobierno a limitar el derecho de libre locomoción; además le permite impedir concentraciones de personas, entre otras medidas.

El estado de calamidad estuvo vigente este año por cinco meses en todo el territorio implementado por el Gobierno de Giammattei debido a la pandemia originada por el COVID-19.