El Gobierno de Guatemala canceló diez licencias mineras otorgadas en noviembre de 2023, luego de detectar posibles actos de corrupción durante su aprobación. Así lo confirmó este jueves el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según explicó Patricia Orantes, ministra de Ambiente, los proyectos revocados estaban destinados a la explotación de minería metálica en Izabal, departamento ubicado en el noreste del país.
La decisión se tomó en respuesta a un reclamo formal de 54 comunidades cercanas a la Sierra Santa Cruz, zona donde se pretendía desarrollar la explotación minera.
La ministra del @marnguate, @pattyo502 anunció una resolución a favor de 54 comunidades de Livingston, Izabal, que alertaron sobre 10 licencias ambientales de explotación minera otorgadas en 2023 en la Sierra Santa Cruz.
El @marnguate respondió con diálogo, inspecciones de campo… pic.twitter.com/moutVZsvc1
— Secretaría de Comunicación Social (@SCSPGT) July 31, 2025
Sierra Santa Cruz: fuente de agua y epicentro del conflicto
Orantes señaló que tras recibir las denuncias, el ministerio realizó un análisis de campo en el área. Los estudios determinaron que la Sierra Santa Cruz es fuente de agua para la población, lo que motivó la cancelación inmediata de los permisos.
Las comunidades fueron notificadas durante julio sobre los resultados técnicos que sustentan la revocatoria.
Licencias mineras canceladas y sospechas de corrupción
Los permisos revocados corresponden a los proyectos:
Santa Anita, Santa Anita II, Santa Anita III, Bongo, Caledonia Santa Cruz, Coatepeque I, Tzultaka, Tzultaka II, Tzultaka III y Tzultaka IV.
La ministra afirmó que las licencias se otorgaron durante la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024), bajo procedimientos “ilegales” y además con indicios de corrupción.
“Hemos hecho muchos cambios para transparentar y agilizar los procesos de licencias ambientales”, expresó Orantes.
Durante las últimas dos décadas, más de una docena de proyectos mineros han generado conflictos sociales en Guatemala. Diversos expertos han señalado que la aprobación de estas licencias usualmente se ha dado en condiciones opacas y bajo sospechas de actos corruptos.
El Gobierno actual reafirma que el enfoque de su gestión será velar por la legalidad, la participación comunitaria y la protección de los recursos naturales.
